Son cada vez más abundantes los indicios de que periodistas y dirigentes de la sociedad civil que durante años fuimos considerados perredeístas hemos «caído en desgracia» frente a muchos dirigentes del partido en el gobierno por mantener coherencia en la defensa de los principios democráticos.

Esa identidad con el perredeísmo nació con el golpe de estado de 1963, se profundizó durante la guerra constitucionalista y la ocupación norteamericana y luego en el régimen balaguerista de los doce años, cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) era víctima de persecución, al igual que todas las instituciones políticas y sociales, periodistas y personas sin militancia partidista que promovíamos las libertades y defendíamos los derechos individuales y sociales.

A muchos también se nos consideró comunistas o «tontos útiles» porque defendíamos la vida y los derechos de los izquierdistas perseguidos a muerte y asesinados, encarcelados o impedidos de vivir en el país.

A decir verdad, a veces la frontera entre la independencia y la militancia izquierdista o perredeísta era un fino hilo, casi imperceptible. En ocasiones hasta tuvimos que dar refugios en nuestros hogares a perseguidos de todos los signos ideológicos.

En la medida que los partidos de izquierda se dividieron y subdividieron y que el socialismo real cayó en bancarrota, mientras el PRD bajo la égida de José Francisco Peña Gómez trazó un camino realista y certero de acceso al poder para promover la democratización de la nación, se incrementó esa identificación con el perredeísmo.

Se mantuvo hasta la muerte de Peña Gómez, uno de los líderes más firmes y coherentes en la defensa de los principios democráticos, incluyendo la participación social y la descentralización del gobierno. Tuvo sus debilidades como todos los humanos, especialmente por las concesiones que hacía para mantener la unidad en el partido más grande del país y donde, como en todas nuestras instituciones, hay amplios segmentos carentes de una cultura democrática.

Todavía en el pasado gobierno constitucional se identificaba a una buena parte de la sociedad civil con el partido blanco. Hasta Jorge Cela y otros sacerdotes identificados con los pobres eran acusados de perredeístas.

Llegado el PRD al poder en el 2000, ya sin un líder de las características de Peña Gómez, tras el final de la guerra fría que ha igualado a todos los partidos en el pragmatismo salvaje, comenzó a entrar en crisis la coincidencia del pasado.

En los últimos tiempos ya los cuestionamientos se formulan abiertamente, como lo hizo una diputada perredeísta cuando dirigentes de la sociedad civil acudimos al Congreso para manifestar nuestro rechazo al antidemocrático proyecto de ley de lemas auspiciado por el PRD. A viva voz y de cara hacia la tribuna donde estábamos silentes y respetuosos, nos confrontó y desafió a la sociedad civil a que visitara los barrios. Algunos fuimos llamados por nuestros nombres, sin dejarnos otra opción que tomarlo de buen humor, ocultando una profunda tristeza.

Esta semana hemos leído que dos grupos perredeístas amenazan con piquetear a la Fundación Institucionalidad y Justicia y al movimiento cívico Participación Ciudadana, considerándolos hostiles a sus intereses políticos.

Y hasta un estimado dirigente perredeísta, Tirso Mejía Ricart, uno de los cerebros del movimiento Renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la década de los sesenta, y luchador democrático de toda una vida, ha dicho que la sociedad civil quiere cobrarle al PRD, con su oposición a la reforma electoral, «por haber hecho un mal gobierno».

Hacer un mal gobierno, realizar contrarreformas políticas como la restauración de la reelección presidencial a espaldas del resto de la sociedad, y disolverse en interminables disputas internas que han puesto de manifiesto incapacidad para regirse por las normas democráticas, es razón suficiente para cuestionar a fondo un partido, cualquiera que sea.

Lo que está demostrando esa sociedad civil, que ahora llaman «la mentada», es coherencia con los principios democráticos. Como tiene que serlo frente a este gobierno, como lo fue ante los anteriores y deberá serlo en los próximos.

Si ayer no nos avergonzó coincidir con los perredeístas, tampoco hay razón para que ocurra ahora si ocurre con los peledeístas o los reformistas. Lo que tendría que avergonzarnos es que cerráramos los ojos ante intentos de hacer retroceder los avances institucionales nacionales con adefesios como la ley de lemas, que tal vez se justificó en Uruguay a principios del siglo pasado, pero que de ninguna forma se corresponde con las aspiraciones democráticas de la sociedad dominicana y latinoamericana del siglo 21.