A pesar de lo sucedido en el mundo, parece que da trabajo entender que éste ha cambiado, y que las actuales circunstancias nos obligan a actuar y a pensar de manera diferente.

Es cierto, que de alguna manera los políticos deben ser vendedores de ilusiones, pero una cosa es la retórica del optimismo, y otra la obligación que tienen los que dirigen el Estado de tomar las medidas necesarias para enfrentar los problemas que vivimos. 

La verdad es que los principales indicadores del comportamiento de la economía continúan  cayendo de manera acelerada, y mientras esto ocurre los funcionarios de más alto nivel del gobierno, discrepan públicamente  acerca de la conveniencia o no de firmar un nuevo acuerdo con el FMI, diferente al de monitoreo que ahora se tiene.

Creemos, al igual que muchos calificados voceros del sector empresarial y representantes de organismos internacionales, que la firma de un “stand by” sería por múltiples razones mucho más beneficioso para el país, que embarcarse en la aventura de emitir US$1,000 millones en bonos soberanos.

No hay dudas de que se necesitan recursos para dinamizar la economía y cuadrar el presupuesto, y de que en este momento el gobierno no los tiene por haberlos dilapidado en tiempos de abundancia.  Busquémoslo de la manera menos onerosa posible, y utilicémoslo de forma eficiente y honesta.

Por la coyuntura actual, lo que más falta hace en la República Dominicana son obras pequeñas de ejecución rápida y de gran impacto y bienestar en zonas pobres donde existe un gran desempleo.  Llenemos el país de ellas, y olvidémosnos por un tiempo de los grandes proyectos.

Pero mientras el país se prende y se apaga de acuerdo al comportamiento de los ingresos de las distribuidoras y las recaudaciones fiscales, nos hacemos dueños de Edeste, a quien se acusa de ineficiente, mientras las cifras que se conocen señalan que tanto Edenorte como Edesur son más ineficientes  que la adquirida.

Pese al paso del tiempo, no se vislumbra una solución al problema eléctrico.  El viento y las ambiciones se llevaron las promesas y consensos aparentemente logrados en la primera etapa de “La Cumbre”.

De lo que no parece haber dudas, es de los cuantiosos beneficios que se han quedado en los bolsillos de algunos generadores, políticos e intermediarios, por el particular manejo que se le ha dado a este tema.

Como quien no quiere la cosa, en medio de este “berenjenal” se escucha de la necesidad que tiene el gobierno de aumentar sus ingresos, y tímidamente se sugiere un aumento de impuestos, alegando que es preferible tener un Estado fuerte.

Lo que me parece que todos queremos es un Estado eficiente, que maneje los recursos con honestidad y transparencia, y que los dineros que los contribuyentes ponemos en sus manos sean devueltos en buena educación pública, cobertura de salud de calidad, seguridad pública, etc., y que no se obligue a los ciudadanos a pagar por unos servicios que éste debiera proveerles.

En fin, un Estado con un equipo de gobierno coherente, trabajando unidos por un propósito común, con un plan definido y con unas metas que no deben ser otras que la de mejorar la vida de todos los dominicanos.