La presencia masiva de haitianos en el país –más ilegales que legales- es un  fenómeno de conocimiento general que ha ocupado las páginas de los periódicos durante mucho tiempo y ha sido objeto de debate en foros, partidos, el Congreso Nacional, y sobre todo entre los gobiernos de ambos países.

El tema tiene altas y bajas en el debate, pero como es natural, las altas vienen siempre a propósito de algún hecho trágico en el que el agresor es el haitiano y el agredido el dominicano. Entonces el grito por la necesidad de expulsar a los haitianos ilegales se expande y linda –en los extractos más bajos de la población dominicana- en el delirio.

Eso ha pasado recientemente en Hatillo Palma, Monte Cristi, cuando un grupo de delincuentes –poco importa la nacionalidad- asaltó a una comerciante, la mató y luego hirió a su esposo.  Fue una tragedia lamentable, pero de las que cometen a diario dominicanos contra dominicanos –en una gran proporción repatriados de Estados Unidos por delincuentes, no por dominicanos ni por ilegales- y la respuesta nunca es culpar a todo un grupo étnico como se ha pretendido ahora.

Si el móvil de la muerte de la comerciante Maritza Núñez a manos de varios haitianos que están presos y procesados por la justicia dominicana fue el robo, generalizar la culpa en todos los haitianos –sean legales o ilegales- es un razonamiento infeliz y turbulento que lejos de apegarse a la ley, obra de espaldas a ella. Pero si ante ese crimen la prédica es el odio, la respuesta de los más salvajes e ignorantes no puede ser otra que la bestialidad de “dominicanos”  que luego asesinaron a un pastor adventista haitiano, Betilio Calitex Chales, de 76 años, y a su compatriota Onali Pié.

-II-

 El crimen que comete un haitiano, legal o ilegal, es su responsabilidad y por ella debe pagar. Sus hijos, esposa, hermanos o padres no tienen necesariamente que estar de acuerdo con sus hechos y mucho menos sus demás compatriotas, por lo que nadie puede hacerles pagar con atropellos, incendios y asesinatos, los crímenes de otro.

Por el momento, el saldo neto de la represalia contra haitianos –que también afectó a dominicanos de piel negra que fueron expulsados de su propio país por las autoridades- es de dos muertos y varios heridos, miles de repatriados y un odio y temor exacerbados en comunidades donde por años han vivido sin mayores dificultades.

En el plano productivo, es evidente que ya los propietarios de fincas bananeras sienten la ausencia de esta mano de obra que constituye un pilar básico para cumplir con sus compromisos comerciales en el país y en el extranjero.

La presencia masiva de haitianos ilegales –aun cuando no vienen solos sino traídos para trabajar por baja paga en plantaciones y obras de construcción- puede discutirse y el gobierno establecer soberanamente las reglas para su permanencia o repatriación.  Eso no se discute.  Lo que no  deben  hacer personas ilustradas es aprovechar una tragedia para soliviantar los ánimos de dominicanos humildes para que asuman una pose “nacionalista” frente a haitianos que no andan en cosas que no sean emplearse como jornaleros.

El verdadero nacionalismo que hay que promover no es el que se expresa frente a haitianos que vienen al país a empuñar un machete para ir a picar caña o un taladro para abrir zanjas para construir acueductos y avenidas, sino frente a quienes han inundado a este país de narcotráfico, crimen organizado, corrupción e impunidad. 

En esa lista hay más dominicanos que haitianos, aunque hasta ahora eso no cause la vergüenza y el sacudimiento que en hombres y mujeres de honor debía provocar. Es necesario buscar la coherencia para que no aparezcamos ante el mundo como un país donde los ciudadanos son muy valientes…solo en unos casos y frente a determinados enemigos.