Hoy 
POR JUAN TEMÍSTOCLES MONTÁS
1Crecimiento económico vs desempeño social
Durante la segunda mitad del siglo pasado, la República Dominicana experimentó un proceso de crecimiento relativamente alto no solo en el contexto de las economías de América Latina y el Caribe sino también a nivel mundial. Durante el periodo 1952-2000 el producto per cápita de la República Dominicana medido en términos de paridad de poder adquisitivo creció a una tasa promedio anual de 3%. En la región solo Trinidad y Tobago mostró una tasa similar y para los demás países la tasa fue menor; mientras que en el escenario de los países en desarrollo únicamente Tailandia, China e Israel mostraron tasas superiores de crecimiento.
Este proceso de crecimiento ha sido persistente y sostenido. En los cuarenta y ocho años comprendido entre 1952 y el 2000, la República Dominicana muestra tasas de crecimiento negativas solo en nueve años, mientras en la región con la excepción de Brasil, Colombia y México, el número de episodios de contracción del producto interno bruto per cápita en PPP fue superior a diez años, y en los casos de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Honduras lo fue en veinte años o mas. Esta capacidad de crecimiento le permitió a la República Dominicana triplicar su producto interno bruto per cápita durante la segunda mitad del siglo pasado.
Cuando se analiza aisladamente, el referido proceso de crecimiento económico estuvo acompañado de profundas transformaciones y de mejoría en las condiciones de vida de la población dominicana. En efecto, al iniciarse la década de los cincuenta, el 70% de la población dominicana vivía en la zona rural y solo un 30% de la población vivía en las ciudades. En 2000, esa situación había cambiado radicalmente y solo un 35% de la población del país vivía en la zona rural. Concomitantemente, la Republica Dominicana pasó de ser un país que vivía de sus exportaciones agrícolas a otro mas diversificado que exportaba preponderantemente textiles y que dependía grandemente de su industria turística.
En ese contexto, la esperanza de vida al nacer que se ubicaba en 46 años en el período 1950-1955 aumentó a 71 años en el período 1995-2000. De igual forma, la mortalidad infantil diminuyó en 3.6 veces en el período 1995-2000 respecto al 1950-1955, mientras que la tasa de fecundidad y el analfabetismo disminuyeron 2.4 y 2.9 veces respectivamente. La tasa de escolaridad definida como el porcentaje de población matriculada de 6 a 23 años respecto a la población total en dicho grupo, aumentó de 40.7% en 1960-1965 a 72.0 en 1995-2000.
Sin embargo, cuando se comparan los indicadores de condiciones de vida de la República Dominicana con los mostrados por países con niveles de desarrollo similar, se observa que la República Dominicana ha mostrado una gran incapacidad para que la mayor generación de riqueza que crea el crecimiento económico se traduzca en mayor bienestar y desarrollo humano para su población. Ha sido ampliamente documentado que los indicadores sociales de la Republica Dominicana no se corresponden con lo que ha de esperarse dado su nivel de ingreso.
Por ejemplo, mientras en materia de indicadores de salud, como mortalidad infantil, la Republica Dominicana se encontraba en mejores condiciones que El Salvador, Honduras y Nicaragua en el período 1950-1955, al iniciar este nuevo siglo la República Dominicana se encontraba rezagada respecto a este indicador. De la misma manera, en el año 1970 la República Dominicana ocupaba la posición 16 de 27 países de la región de América Latina y el Caribe en tasa de alfabetismo, en el año 2000, había perdido dos lugares, ubicándose en la posición 18 de 27. Del mismo modo, El Salvador, Guatemala y Honduras lograron avanzar más rápidamente que la República Dominicana en el Índice de Desarrollo Humano durante el período 1975-2003, con todo y que el crecimiento económico en esos países fue inferior al de la Republica Dominicana.
Llama la atención que en República Dominicana, la probabilidad de que un niño al nacer no llegue a los 40 años de edad es de 11.8% para todo el cohorte. Este porcentaje supera los de México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, países que tuvieron un crecimiento del producto per cápita menor que la República Dominicana.
Si analizamos la situación social desde el punto de vista de la geografía, si bien el crecimiento económico ha logrado elevar el nivel de ingresos en aquellas áreas geográficas de mayor dinamismo del país, la cohesión social en términos del territorio muestra grandes rezagos en las regiones donde existe un mayor predominio de actividades agrícolas. Es en esas regiones en donde registran los mayores niveles de pobreza.
El reducido impacto del crecimiento económico en el mejoramiento de la calidad de vida de la población se explica en parte por la desigualdad de los ingresos. La desigualdad del ingreso en la República Dominicana se ubica alrededor del promedio de América Latina con un Gini de 0.544. En cuanto a la evolución de la desigualdad durante la década de los 90s existen algunas contradicciones en los datos disponibles, lo que se puede explicar por las dificultades de comparabilidad entre las diferentes encuestas realizadas durante dicha década. Un estudio reciente publicado por la CEPAL (Hammill, 2006) refiere que en la desigualdad en Centroamérica, México y la República Dominicana sólo se redujo en la República Dominicana, El Salvador y Honduras. Según dicho estudio, el coeficiente de Gini se redujo de 0.59 en el año 1992 a 0.55 en el 2000.
Por otra parte, el Banco Mundial (2005) citando un estudio de Dollar y Kray (2002) revela que el coeficiente de Gini pasó de 0.49 en el 1992 a 0.487 en 1996; y el Banco Central de la República Dominicana (1992) expresa que el Gini pasó de 0.489 en el 1992 a 0.476 en el 1998. El Panorama Social de América Latina de la CEPAL refiere que el Gini pasó de 0.52 en el 1997 a 0.55 en el 2000 para luego reducirse ligeramente en el 2002 a 0.54. Otro estudio del Banco Mundial (2005) refiere que el Gini aumentó de Abril 1997 (0.52) a Abril 2000 (0.539) y luego se redujo a Abril 2004 (0.51). La reducción del Gini durante el período de crisis es también reportada por Guzmán (2005).
La desigualdad en el país se refleja en los pobres indicadores sociales. En el área materno infantil los resultados son consistentemente más bajos en el 20% de la población más pobre en comparación con el 20% de la población más rica. Si bien es cierto que en la República Dominicana la cobertura de los partos institucionales es mayor que en el promedio de los países de desarrollo humano medio, la mortalidad materna es una de la más alta en toda América Latina y el Caribe. En los indicadores de cobertura de inmunización y desnutrición el país muestra resultados más bajos para el 20% de la población pobre en comparación con el promedio en los países de desarrollo humano medio. Esto, no así en el indicador de mortalidad infantil y mortalidad en menores de 5 años.
Con todo y que el impacto fue menos del esperado, el fuerte impulso al crecimiento experimentado durante los 90s, la República Dominicana consiguió reducir parte de las brechas históricas de sus indicadores sociales. El número de personas pobres disminuyó en un 21% en el periodo ínter censal 1993-2002.
Sin embargo, la reciente crisis económica, experimentada en el periodo 2003-2004, produjo un retroceso de magnitudes considerables que se manifestó en un aumento significativo de la pobreza. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, más de 1 millón 500 mil dominicanos y dominicanas pasaron a vivir en condiciones de pobreza. Esto representa un 50% de aumento en el número de personas en condiciones de pobreza cuando se compara con el nivel del 2000. De igual manera, la tasa de desempleo ampliada pasó de un 13.9% en el 2000 a 19.7% en el 2004, siendo los mas afectados los jóvenes y las mujeres. El ingreso real per cápita de los hogares se contrajo en alrededor de un 30% (un 35% en las zonas urbanas y en un 27% en las zonas rurales).
La crisis ha implicado un deterioro de la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas y el debilitamiento de la cohesión social en la RD. La expresión más evidente de este debilitamiento del tejido social es el auge de la delincuencia en los últimos años, que si bien está asociado al proceso de globalización del crimen organizado vinculado al narcotráfico, también es el resultado de la acumulación por años de las presiones que genera la falta de oportunidades para la gran mayoría de la población pobre.
2 . Crisis económica y deterioro de la cohesión social
La crisis económica fue el resultado de factores internos y externos. En el plano interno se destacan el deterioro de las finanzas públicas, el rápido crecimiento del endeudamiento público y la detonación de un fraude bancario de magnitudes significativas en tres bancos importantes del sistema. De niveles tradicionalmente inferiores a 2.3% del PIB, el déficit del sector público no financiero ascendió a 5.29% y 3.65% en el 2003 y el 2004 respectivamente, mientras la deuda externa prácticamente se duplicó en el periodo 2000-2004. A su vez el salvataje de los bancos quebrados representó un 21% del PIB del 2003.
En el plano externo, la detonación de la crisis coincidió con la fase de aumento de los precios del petróleo que ha venido experimentando la economía mundial desde el 2002, y con un proceso de cambio en las condiciones del mercado mundial de textiles que le ha restado competitividad a las zonas francas de la República Dominicana, uno de los sectores mas relevantes de la economía en los últimos veinte años.
La crisis económica se expresó por medio de un fuerte aumento de la inflación asociado a la significativa expansión de los medios de pagos que generó el salvataje de los bancos quebrados. La inflación acumulada en el período enero-diciembre 2003 y enero-junio 2004 fue de 73.7%. De igual manera, la moneda nacional se depreció en 85.6% y el nivel de actividad económica se contrajo en 1.9% en el 2003, recuperándose ligeramente durante el 2004 al crecer a una tasa de 2.0%. El déficit del sector público consolidado pasó de 2.6% del PIB en el 2002 a 8.1% en el 2003 y 7.6% en el 2004.
Un elemento crucial para la cohesión social en la República Dominicana es la brecha de género que todavía persiste, y que se recrudece con la crisis, particularmente en el mercado laboral, el área de salud y en la participación política. En el área educativa el desempeño de la mujer ha sido más que positivo respecto a la de los hombres, con tasas de matriculación mayores y mejor desempeño educativo. Aunque la tasa de participación laboral de las mujeres en el país continúa incrementándose, existen todavía fuertes barreras en el mercado laboral que se traducen en mayores tasas de desempleo, segregación ocupacional y menores ingresos, aún en condiciones de igualdad en términos de capacitación y experiencia laboral. En el sector salud, la alta mortalidad materna y embarazo en adolescentes, así como la violencia intrafamiliar son un reflejo de las brechas de género existentes en el país. Por su parte, a pesar de que el marco institucional ha estado cambiando en los últimos 40 años, se evidencia una baja participación política de las mujeres en el país.
Una de las prioridades del Gobierno en su primer año ha sido recuperar la estabilidad macroeconómica como condición para retomar el crecimiento económico y proteger a la población pobre del impacto negativo de los altos niveles de inflación y el desempleo. Es así que en el año 2005, la economía dominicana crece a una tasa de 9.3%, la inflación se reduce de 28.7% en el 2004 a 7.4% en el 2005; mientras el desempleo cae en 2.2%. En este contexto y a pesar de las fuertes medidas de restricción del gasto público, el año 2005 representó el año de mayor inversión en el área social de los últimos 10 años en el país. El gasto social aumentó en un 31% en el 2005 y gran parte de ese aumento se destinó a mejorar los servicios de educación y salud, y ampliar los beneficios de la seguridad social. El aumento del financiamiento al sector educativo fue el más al alto en los últimos 25 años.
3. Política social y resultados sociales
Obviando las consecuencias de la crisis económica, la experiencia de la Republica Dominicana en las últimas cinco décadas en términos de su desempeño en materia de crecimiento económico y mejoría de las condiciones sociales de la población, nos muestra de que el crecimiento económico por si solo no es suficiente para garantizar mayores niveles de desarrollo humano. En ese sentido, vale la pena reflexionar sobre las causas que explican el pobre desempeño relativo de los indicadores sociales de la República Dominicana. Sin duda, gran parte de la explicación está asociada a la calidad de las políticas públicas de cohesión social que han sido ejecutadas en la República Dominicana.
En primer lugar, la República Dominicana ha mantenido un nivel de gasto social históricamente bajo.
Cuando en 1990, el promedio del gasto público social en América Latina ascendía a 12.9% del PIB, en la República Dominicana era de 4.7%. Si bien se intentó recuperar parte del terreno perdido durante los 90s, en particular a partir de la segunda mitad de la década hasta alcanzar alrededor de 8% del PIB, la reciente crisis ha implicado un retroceso de magnitudes considerables, en particular, para las áreas de salud y educación.
En segundo lugar, la asignación de los recursos destinados al gasto social ha estado sesgada hacia actividades distintas a las de educación y salud. Durante finales de los 80s y principios de los 90s el énfasis fue en la construcción de vivienda, en los 90s la asistencia social y los subsidios generalizados adquieren mayor relevancia. El mayor nivel de gasto en educación fue alcanzado en el año 1970 con 2.9% del PIB, mientras que en salud fue de 1.9% en el año 2001. Estas cifras distan de los promedios latinoamericanos de gastos en educación y salud. No es de extrañar que con tan bajo nivel de gasto en educación la República Dominicana presente un flaco desempeño en términos de sus indicadores de calidad de la educación.
En tercer lugar, el diseño y ejecución de las políticas sociales ha estado viciado por estructuras que le restan eficacia y efectividad. En general ha primado la duplicidad de funciones, la universalización de subsidios y la escasa coordinación entre las distintas instancias responsables de la ejecución de la política social. De igual forma el énfasis ha sido en la utilización de recursos y no en su efectividad.
4. Hacia una política social
El actual Gobierno Dominicano está consciente de la necesidad del cambio en la formulación y ejecución de la política social, aunque las restricciones fiscales generadas por la crisis constituyen un serio constreñimiento en este sentido. Hoy, el país tiene que destinar más de un 6% del PIB al servicio de la deuda mientras destina menos de un 4% del PIB a educación y salud.
El reflujo de la crisis del 2003-2004 permanecerá por varios lustros en la economía dominicana. Para reducir la relación deuda pública/PIB actualmente existente de 46% a un 38% del PIB en el 2010, se requerirá generar superávit primario del orden de 2.5% a 3% del PIB. Si se toma en consideración que en el período 1995-2004 se produjeron superávit primario, en base devengada, únicamente en tres ocasiones (1995, 1998 y 2000), siendo el nivel máximo de 1.69% del PIB alcanzado en 1995, la generación de superávit primario en las magnitudes requeridas es sin duda un reto de importancia. Es esto lo que hace necesario un pacto fiscal en el país que no solo aborde el tema del ingreso sino también la eficacia del gasto. Si queremos reducir el peso del stock de deuda y su servicio, es indudable que debemos ser más eficaces y efectivos. Cada peso gastado debe estar orientado a generar el mayor resultado posible.
Tal y como señalamos anteriormente, el 2005 representó un año de recuperación económica para el país y las proyecciones indican que la economía dominicana seguirá creciendo de manera vigorosa en los próximos años. De ahí que el gran desafío que enfrenta el Gobierno Dominicano es cómo hacer que el crecimiento económico tenga un mayor impacto en la población pobre. En ese sentido, el Gobierno Dominicano esta inmerso en un proceso de transformación del sistema de protección social para impulsar el bienestar y la generación de mayor cohesión e inclusión social de toda la población. Este es el fundamento de la nueva política social del Gobierno Dominicano que tiene como objetivos estratégicos:
a) el desarrollo de las capacidades y la creación de oportunidades para que la población mejore su calidad de vida y se constituya en un ente activo en el proceso de desarrollo económico, social y político del país; y
b) la protección social de los riesgos y vulnerabilidades a la que está expuesta la población en general.
En ese contexto, los esfuerzos de la nueva política social del Gobierno se han concentrado en:
a) mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo dominicano, prestando atención a la ampliación de la cobertura en secundaria
b) la creación de oportunidades para la generación de empleos de calidad
c) la ampliación de la protección social en salud y la mejora de la calidad de los servicios
d) la profundización de la reforma de la seguridad social
e) la puesta en marcha de nuevos programas de transferencias condicionadas de recursos para la población en extrema pobreza
f) la ejecución de un novedoso programa integral de seguridad ciudadana
g) el logro de los objetivos de desarrollo del milenio
h) la reorganización institucional del sector social para mejorar la eficacia, eficiencia e impacto de los programas y proyectos sociales en el marco de una mayor integralidad y la coordinación de las políticas económicas y sociales
4.1Educación, empleo y protección social en salud
Para el Gobierno Dominicano, la inversión en educación y capacitación laboral es esencial como elemento sinérgico que contribuye a la generación de empleos de calidad, a elevar los ingresos de la población, mejorar la productividad y competitividad y motorizar el crecimiento económico. Tomando en cuenta que la cobertura en la educación básica es aceptable, las acciones del Gobierno se han dirigido a mejorar la calidad y la eficiencia del sistema educativo y lograr que una vez el estudiante termine la educación básica pueda continuar y terminar la educación secundaria. Esto implica concentrar los esfuerzos en ampliar la cobertura en la educación inicial y secundaria, reducir los niveles de ineficiencias en la educación básica que se traducen en un alto número de estudiantes que repiten.
Adicionalmente, tomando en cuenta el alto nivel de analfabetismo, los programas de educación de adultos se han considerado fundamentales. Otro aspecto importante ha sido la necesidad de cerrar las brechas socioeconómicas y urbano-rurales en el acceso a la educación, así como la brecha digital. Recientemente se lanzó la iniciativa Foro Presidencial para la Excelencia de la Educación Dominicana, espacio de movilización, participación y consulta a la sociedad dominicana para consensuar políticas, planes, estrategias y acciones de desarrollo educativo con excelencia.
Por otro lado, existe un reconocimiento de que los sistemas de capacitación laboral deben contribuir a la empleabilidad y reconversión de la fuerza laboral en un contexto de profundización de la apertura comercial. Los mismos deben ampliarse y dirigirse a los segmentos de la población de mayor necesidad, como la población joven y las mujeres. Al respecto, desde la Secretaría de Estado de Trabajo se está ampliando el programa Juventud y Empleo que ofrece capacitación laboral a jóvenes de 16 a 29 años de acuerdo a las demandas del sector privado en las áreas geográficas donde residen. Asimismo, el Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha lanzado el proyecto de Institutos Técnicos Comunitarios para ampliar las oportunidades de capacitación a la población joven que ha completado el nivel secundario y así facilitar su rápida inserción al mercado laboral.
4.2 Seguridad social y asistencia social
Entendiendo que la vida saludable es uno de los principales componentes del desarrollo humano y que es indispensable para fortalecer las capacidades de las personas a fin de posibilitar una mayor productividad y, por ende, mayor generación de ingresos; el Gobierno Dominicano ha priorizado la protección social en salud. En el año 2001, el Congreso Nacional aprobó las reformas del sector salud y de seguridad social que instauran el aseguramiento universal en salud para toda la población. El conjunto de prestaciones incluidas en el seguro familiar de salud están definidas en el Plan Básico de Salud que es obligatorio para todos los afiliados sin importar su poder contributivo o los riesgos asociados a la edad, género, precariedades económicas entre otros. De hecho, en la reforma, la población pobre forma parte del régimen subsidiado de la seguridad social cuyo financiamiento está a cargo del Gobierno.
A pesar de las dificultades financieras que heredó el presente Gobierno, la afiliación al régimen subsidiado del seguro familiar de salud pasó de 45,000 personas en agosto del 2004 a 350,000 a febrero de este año solo en tres regiones del país, significando ello una cobertura de 61% de la población pobre en esas tres regiones. La meta es alcanzar el medio millón de afiliados este año y un millón al 2008. Acompañando el proceso de afiliación, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social está empeñada en mejorar la calidad de los servicios que recibe la población pobre, haciendo énfasis en los programas de carácter público como los de promoción de la salud y prevención de las enfermedades.
La reforma de la seguridad social del año 2001 estableció el modelo de capitalización individual para la parte contributiva y las pensiones solidarias para la población pobre, en particular, para los envejecientes, los discapacitados y las madres solteras. A febrero de este año, 1,450,000 trabajadores estaban afiliados al nuevo sistema, lo que representa el 90% de los trabajadores formales en el país, mientras el patrimonio de los fondos de pensiones representaba el 3% del PIB a diciembre del 2005.
Como parte de la reforma, el Gobierno Dominicano a través de la Secretaría de Estado de Finanzas ha absorbido las pensiones del antiguo sistema de reparto lo que representa un alto costo financiero asumido por el Estado. Estas pensiones han sido indexadas y llevadas a un monto no menor del salario mínimo del sector público en el país. En la actualidad, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales está evaluando el conjunto de programas de asistencia social, en particular, los que envuelven transferencias de recursos a la población envejeciente, discapacitados y madres solteras en condición de pobreza para lanzar un único programa de pensiones solidarias como lo manda la reforma de la seguridad social.
La seguridad social está muy vinculada al desempeño del mercado de trabajo en la medida de que gran parte de su financiamiento proviene de las contribuciones de los trabajadores y los empleadores. El aumento del desempleo y de la informalidad reduce los ingresos por concepto de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, presionando así hacia un mayor financiamiento público de la seguridad social para la población sin capacidad contributiva. En este sentido, la seguridad social depende mucho de las posibilidades que tiene un país para crear empleos y promover el empleo de calidad. En ese tenor, el Gobierno Dominicano ha declarado este año como el Año de la Generación de Empleos. Adicionalmente a las medidas para mejor la empleabilidad de la fuerza de trabajo que hemos mencionado en el área educativa y de capacitación para el trabajo, el Gobierno está fortaleciendo las políticas activas de generación de empleo, tales como los programas de apoyo a las micro y pequeñas empresa y de inversión pública.
El deterioro social que produjo la crisis económica motivo el lanzamiento de programas de transferencias condicionadas de recursos a la población en extrema pobreza. En ese sentido, se puso en marcha el Programa Comer es Primero, consistente en la transferencia mensual de alrededor de 17 dólares mensuales a los hogares en pobreza extrema para la adquisición de alimentos básicos a cambio del cumplimiento de una serie de requisitos como la vacunación de los niños y niñas en el hogar, el chequeo médico regular y la asistencia escolar de los hijos entre 6 y 16 años. Este programa junto con la transferencias contempladas en el Programa de Incentivo a la Asistencia Escolar que otorga hasta 18 dólares mensuales a los hogares en extrema pobreza para que mantengan a sus hijos en las escuelas representan una transferencia conjunta de alrededor de 35 dólares mensuales para un hogar en extrema pobreza. Hacia finales del año pasado el Gobierno estaba cubriendo a alrededor de 200,000 hogares con estas transferencias, alcanzando la totalidad de hogares en extrema pobreza identificados a través del Sistema de Focalización para la Identificación de los Beneficiarios de los subsidios del Gobierno. Estos programas representan un instrumento de cohesión social porque contribuyen al mejoramiento de la equidad y a la inclusión social en el país.
Otro programa de transferencia de recursos en especie de importancia dentro del gasto social y que se ha ampliado en los últimos dos años es el programa de alimentación escolar que alcanzó 1,300,000 beneficiarios en el año escolar 2004-2005. Este programa otorga raciones alimenticias a los estudiantes del nivel básico de las escuelas públicas en el país y tiene como objetivo la reducción de la deserción escolar, el ausentismo, la repitencia y contribuir al mejoramiento del estado nutricional de los niños.
4.3.- Seguridad democrática para la recuperación de los espacios públicos
Ante el creciente debilitamiento del tejido social del país, que se ha traducido en altos niveles de inseguridad ciudadana, el Gobierno ha lanzado el novedoso Plan de Seguridad Democrática que entre sus acciones están el programa de Barrios Seguros. El mismo busca la recuperación de los espacios públicos, no solo a través de una mayor presencia física de la policía en dichos barrios, sino también con el fortalecimiento de los programas de salud, educación, empleo, deportes, cultura, servicios básicos, entre otros; funcionando de manera articulada e integral a nivel del barrio, mejorando así la calidad y la cobertura de los mismos. Los barrios seguros se apoyan en la activa participación de las organizaciones barriales y de la sociedad civil. En este Plan se incluyen las acciones de control de armas y desarme de la población, el control de ventas de alcohol a menores y de juegos de azar, así como la construcción de canchas y multiusos deportivos, la recuperación de los espacios públicos del barrio, el establecimiento de programas productivos pilotos como el de incubadoras de empleo dirigido a los jóvenes, construcción de centros comunitarios para guarderías infantiles, capacitación, recreación y convivencia barrial y la instalación de rincones tecnológicos.
El programa piloto de Barrios Seguros se inició en el barrio más inseguro de la ciudad capital, Barrio Capotillo, donde en el período Enero-Agosto del 2005 se registraron 30 muertes violentas (alrededor de 4 muertes promedio por mes). A partir de la implementación del plan solo se han registrado 5 muertes violentas en el período Septiembre 2005 – Enero 2006 y de ellos sólo 3 homicidios. En tres de los 5 meses no se registraron muertes violentas. Esta experiencia piloto fue extendida a 8 de los barrios.
4.4.- El fortalecimiento institucional y los odm
La nueva política social del Gobierno ha implicado nuevos arreglos institucionales para la apropiada articulación con la política económica, el aseguramiento de su integralidad para la generación de las necesarias sinergias para mejorar la efectividad e los programas y proyectos sociales en un contexto de mayor transparencia, rendición de cuentas y participación social. El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales fue reorganizado para el cumplimiento de los objetivos antes expresados. Del mismo modo, se lanza el sistema de identificación de beneficiarios para focalizar apropiadamente los programas de asistencia social y se crea la Red de Protección Social que articula los programas dispersos de asistencia social. Mientras que la participación de la sociedad civil queda asegurada en el Consejo Consultivo del Gabinete Social como instancia asesora y de auditoría de la gestión del Gabinete Social.
Es importante destacar que el Gobierno Dominicano ha asumido, como objetivos centrales de la política social, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ese orden, el año recién pasado constituyó el año en que mas recursos presupuestarios se destinaron al gasto social, llegando a representar este gasto el 8.56% del PIB. En el 2004, lo que se destinó al gasto social apenas llegó a representar el 7% del PIB. Para el presente año esperamos poder destinar más del 9% del PIB al gasto social y al terminar el actual periodo constitucional esperamos poder colocar el gasto social en la cercanía del 11% del PIB.
Como parte del compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Presidente de la República conformó la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible que tiene como objetivo monitorear y evaluar el progreso del país en el cumplimiento de los ODM. En una reciente evaluación realizada por dicha Comisión y el Sistema de Naciones Unidas de la República Dominicana, se identificaron 5 objetivos críticos que de acuerdo a la tendencia de la última década y el impacto de los choques recientes en la población, no asegurarán el cumplimento de las metas establecidas en los mismos al 2015. Las metas más críticas están relacionadas a la reducción del hambre, al aumento del número de estudiantes que terminan la educación básica, el aumento de la proporción de hogares con acceso a agua potable, la tenencia segura de la vivienda, y la promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, particularmente en el mercado de trabajo y la participación política. A partir del presupuesto del 2006 aprobado por el Congreso, el Gobierno identificó las partidas presupuestarias de mayor impacto para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, declarándolas como de alta prioridad en la ejecución para el año 2006. De esta manera, ante cualquier situación de volatilidad en los ingresos fiscales, se protegerá prioritariamente el gasto público de alto impacto para los ODM.
