En las discusiones entre diplomáticos dominicanos y haitianos sobre la demarcación fronteriza, estos últimos siempre han pretendido que se acepten como hechos cumplidos acciones contrarias al derecho de territorialidad de los dominicanos sobre la parte de la Isla de Santo Domingo donde se aposentó la antigua colonia española.

Debemos de admitir que los diplomáticos haitianos siempre han encontrado la forma y manera de salirse con la suya.

Mediante el Tratado de Ryswick del 20 de diciembre, España cedió a Francia la parte del territorio de La Española que los franceses ya habían tomado; pero, en ese tratado no quedaron establecidos los límites entre las dos colonias. Fue en el Tratado de Aranjuez, firmado entre esos dos países, el 3 de junio de 1777, donde quedó establecido que la línea divisora entre la colonia española y la francesa se iniciaba al norte de la Bahía de Manzanillo, boca del río Dajabón o Masacre, y terminaba al Sur, siguiendo el curso del río Pedernales.

El Tratado de Aranjuez debió servir de base para el establecimiento definitivo de los límites de la frontera dominico haitiana. Pero no fue así.

Después de años de continuos intentos de ahogar en sangre la independencia dominicana, en el año 1867, el presidente Salnave introdujo una modificación en el texto de la Constitución haitiana tocante al principio de que la Isla de Santo Domingo era “única e indivisible” que abrió la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz entre la República Dominicana y Haití. Los alegatos de los diplomáticos dominicanos se fundamentaron siempre en norma del derecho, en tanto que los de los haitianos en hechos pretendidamente consumados.