RAFAEL ACEVEDO
EL concepto de “Estado fallido” se refiere al bajo grado de efectividad de las instituciones públicas en la realización de las funciones de servicio a la ciudadanía, desde la defensa del territorio hasta la seguridad ciudadana, pasando por salud, educación y demás.  En cambio, un concepto de “colapso de Estado” pondría énfasis en la ausencia de control de un área o función pública, o en la falla en someter al orden a cualquier ciudadano o grupos de éstos, civiles, militares o funcionarios.  Dicho concepto implicaría la incapacidad de someterlos a la  autoridad legítima del Estado, a la acción pública, bajo el mandato de la ley y en base al monopolio de la coerción, en un determinado período.

La rebelión declarada por el síndico del distrito municipal de La Victoria quien, al decir de los reportes de prensa, se atrinchera con un grupo de hombres armados dentro de un recinto público, declarando su insubordinación a toda autoridad del Gobierno, parece corresponder a la definición propuesta.

En otros lugares, ciudadanos comunes se apropian de espacios públicos, de fincas y otras pertenencias del Fisco. En calles de Naco un taller de desabolladura y casetas de expendio de comidas. Cualquier forma en que una ley sea inaplicable, ya sea por infuncional, por desuso o por incapacidad material o moral del Gobierno para hacerla obedecer; estamos ante un vacío o colapso de la autoridad que define al Estado.

El colapso de Estado ocurre no solamente a causa del insurgente o del invasor que cercena una parte del territorio, sino también cuando el Gobierno se arroga la autoridad para disponer obras y compras que violan las leyes de gasto y presupuesto. Puesto que, mediante el propio hecho, se está declarando la no existencia del sistema legal que es la esencia del Estado.

Se engañan las autoridades si creen que la discrecionalidad no se contagia hacia los niveles más bajos de mando. Grave, muy grave es el caso de que entre ministro y presidente existan relaciones extraoficiales, informales e incluso compromisos y secretos, por los cuales la línea de autoridad no solo se pierde, sino que se puede invertir en la práctica la relación de dominación, y pasa así el siervo a controlar a su superior jerárquico, produciéndose un colapso de lo estatal.

Los negocios de particulares con el Estado o bajo su cobertura, como los oligopolios en concesiones a favor de relacionados, tanto como las canonjías a militares, son colapsos de Estado. También los son las actividades de lavado o las del Narco ante las que la autoridad sistemáticamente se haga de la vista gorda.

Asimismo, las negociaciones con transportistas, sindicatos y grupos beligerantes, de la oposición o de donde fueren, en la medida en que no son canalizadas por medios institucionales, son colapsos de Estado, y la gobernabilidad que supuestamente se deriva de estas concesiones, es ilegal y precaria. Este tipo de arreglos de trastienda está lejos de ser un ordenamiento social y político estable, en el que los grandes intereses sectoriales y mayoritarios estén recogidos y reconocidos en el sistema de leyes vigentes, y sus conflictos canalizados institucionalmente.

Muchos funcionarios parecen inamovibles, tener cotos propios; excepto aquellos que por características de personalidad y formación, tratan motu proprio de hacer las cosas según la ley, y no en obediencia a un jefe que a menudo pareciera no ejercer. Menos aún por sometimiento a una sociedad que tiene poco control sobre su aparato político.

 Ni siquiera dentro de cada partido hay ordenamiento legítimo. Las bases desconfían de sus dirigentes y también de las autoridades de la Nación. Una  prueba contundente lo es la rebelión de La Victoria y otros distritos municipales.

El Estado deja de existir en cualquier momento en que lo que define su esencia no está presente en una actividad o territorio que deba estar regido por el poder legítimamente establecido, expresado en leyes y reglamentos. Al parecer, en nuestro país, el orden público y la autoridad hay que negociarlos permanentemente, en cada esquina y en cada función o espacio público; con cada pandilla o “sociedad” que amenace con regatear o forcejear. Las más de las veces se les paga, para no pegarles.