De nuevo el país ha caído en uno de esos ciclos de colapso del servicio eléctrico. Para dar una idea de la situación, ayer hubo momentos en que la demanda más que duplicaba la generación y la salida de una gran planta arrastró en cascada prácticamente todo el sistema. Da lo mismo que las causas de este nuevo colapso sean técnicas o financieras. Se trata de una repetición del mismo drama que hemos vivido repetidamente y que provoca pérdidas de todo género para la economía y que erosiona la competitividad de nuestro sector industrial. El modelo de capitalización del sector energético revela, con cada crisis de estas, que es infuncional e insostenible.

 Aún con una capacidad instalada que supera con mucho la demanda en horas pico, en muy pocas oportunidades el país ha disfrutado de suministro eléctrico 24 horas continuas. Es más, algunas distribuidoras venden esta ilusión como privilegio excepcional de algunos  sectores, cuando ha debido ser la regla  para honrar fielmente los términos  de los compromisos con los usuarios. Las distribuidoras de electricidad han sido incapaces de cobrar toda la energía que sirven. No han tenido necesidad de hacer tal esfuerzo, si el Gobierno al fin de cuentas cubre con subsidios el déficit de cobranzas. Un país que aspira a ser modelo regional de progreso  no puede depender de un servicio energético tan malo y caro como el que tenemos.

Modelo risible de autoservicio

En este país las víctimas de agresiones o amenazas que logran que una autoridad judicial emita  orden de conducencia contra el causante de los agravios tienen que pagar un precio risible: buscar por sus medios   la fuerza pública que debe  ejecutar el mandato de apremio. El tiempo entre la emisión de la orden de conducencia y su ejecución puede dar al perseguido la oportunidad de escabullirse.

Estas peripecias son resultado de un sistema judicial bastante precario, que involucra a una parte interesada en la ejecución de una orden que solo debe ser cumplida por autoridad competente. Se trata de un “autoservicio” contaminante y que pone en entredicho las garantías que deben brindársele a todo ciudadano agraviado físicamente o amenazado de muerte. Son sutilezas de una administración judicial afectada por  insuficiencias de funcionalidad que parecerían no tener gran importancia, pero que sí la tienen.