El colectivo Marcha Verde entregó esta tarde en el Palacio Nacional el primer corte de 312 mil 415 firmas recogidas en todo el territorio nacional en el Libro Verde contra la corrupción y la impunidad, con las que buscan que el presidente Danilo Medina conforme una comisión de fiscales independientes que, acompañados por la Organización de las Naciones Unidas, investigue el caso Odebrecht desde el 2001 a la fecha.

“El pueblo dominicano tiene sobradas razones para desconfiar del ministerio público”, explicó María Teresa Cabrera, exdirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, tras entregar en el Palacio Nacional una carta con sus demandas y una certificación notariada de las firmas recogidas en el denominado “libro verde por el fin de la impunidad”.

Con pancartas en las que se leía “cárcel a los corruptos de Odebrecht y a sus socios dominicanos”, decenas de personas vestidas de verde se apostaron frente a la sede del gobierno. Cabrera y otros representantes de los grupos civiles entregaron al consultor jurídico del poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, la carta con sus demandas que firmaron los más de 312.000 ciudadanos y la certificación notariada.

“La corrupción está en contra de Dios y contra el bien común”, consideró el pastor Telcadio Pérez, de la iglesia pentecostal, quien viajó 160 kilómetros de Higüey a la capital para llevar las más de 7.000 firmas que recolectó en su comunidad.

El colectivo exige la conformación de una comisión de fiscales no ligados al gobernante Partido de la Liberación Dominicana que cuente con asistencia de especialistas de Naciones Unidas para que investigue a profundidad los sobornos millonarios y que Odebrecht deje de operar en el país.

“Una empresa ladrona, mafiosa como Odebrecht, no puede estar operando”, comentó Manuel Robles, otro de los voceros de las organizaciones, al recordar que ejecutivos de la compañía reconocieron ante las autoridades de Brasil y de Estados Unidos haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana para conseguir contratos de obras del gobierno.

Para el dirigente de izquierda Narciso Isa, “estamos ante un caso grueso”, ya que los sobornos apenas representan una parte del entramado de Odebrecht porque, según las investigaciones, las obras fueron sobrevaluadas.

Carlos Pimentel, quien entregó los reclamos de los manifestantes a la Presidencia, explicó que espera que el presidente Danilo Medina responda a sus demandas el 27 de Febrero, cuando presentará su informe anual de gobierno ante la Asamblea Nacional.

Los manifestantes adelantaron que de no haber una respuesta del Ejecutivo, los grupos realizarán marchas y protestas como la que ya celebraron el 22 de enero, cuando miles de personas recorrieron el centro de Santo Domingo vestidas de verde en señal de esperanza en contra de la corrupción.

Los grupos civiles comenzaron a recolectar firmas en todo el país el 5 de febrero para exigir a Medina una investigación debido a que, pese a las indagatorias de la Procuraduría General, las autoridades no han identificado a ninguno de los beneficiarios de los sobornos.

Según documentos divulgados en diciembre por el departamento de Justicia estadounidense, ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber pagado 785 millones de dólares en sobornos en 12 países.

En República Dominicana, la empresa pagó 92 millones de dólares en coimas para conseguir contratos con el gobierno desde 2001. La Procuraduría y Odebrecht llegaron a un acuerdo mediante el cual la compañía pagará al gobierno 184 millones de dólares en un periodo de ocho años como compensación por los sobornos, a cambio de que las autoridades renuncien a procesar judicialmente a los empleados de la empresa.

Odebrecht podrá seguir sus operaciones en el país y participar en licitaciones públicas. Las autoridades dominicanas sí podrán procesar a empresarios y funcionarios locales. Desde que comenzó a operar en República Dominicana en 2001, Odebrecht ha participado en 17 de las principales carreteras, plantas de energía y obras hidráulicas construidas por el gobierno.