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El presidente de la filial norte del Colegio Dominicano de Abogados de Santiago confirmó que la mafia que se dedicaba a realizar embargos irregulares a empresarios e industriales radicados en esa provincia, amparados en sentencias por asuntos laborales, fue desarticulada por las autoridades judiciales con la colaboración del gremio que preside.
El licenciado José Miguel Minier dijo que dicha mafia, integrada por buscones y asesores en materia laboral al servicio de oficinas de abogados que se dedicaba a confiscar y desmantelar equipos industriales, incluyendo de zonas francas, también operaba en otras zonas de la región Norte, incluyendo la provincia Puerto Plata.
Explicó que a raíz de las denuncias recibidas por la filial del Colegio de Abogados de Santiago, provenientes de la cúpula empresarial, industrial y comercial de esa provincia, se coordinaron acciones para dar al traste con la situación.
Sin embargo, informes procedente de sectores empresariales y comerciales de Puerto Plata aseguran que allí persiste la mafia dedicada a realizar embargos retentivos irregulares, amparados en sentencias por casos laborales fallados en la justicia de allí.
Según el licenciado Miguel Minier, en los alrededores del Huacalito de Santiago operaban buscones y los llamados facilitadores que estaban carnetizados por la gobernación de ese edificio de oficinas gubernamentales al servicio de oficinas de abogados, quienes lograban agenciarse la fuerza pública para ejecutar embargos a empresas de la zona de manera convulsiva e irregulares.
Dijo que ante esa situación, el Colegio de Abogados, junto al empresariado, con la participación del procurador fiscal, licenciado Raúl Martínez y el gobernador José Izquierdo, desmantelaron la red, procediendo a desalojar los buscones que operaban en dicho edificio público.
La cúpula empresarial de Santiago se había quejado y denunciado públicamente los graves inconvenientes que estaban afrontando con oficinas de abogados dedicadas a realizar embargos retentivos e incautaciones de bienes de su propiedad, tras fallos judiciales por demanda de pasivos laborales.
Para obtener la fuerza pública, esos abogados y buscones solicitaban el otorgamiento de la fuerza pública alegando que su integridad física estaba en peligro, lo que se había convertido en subterfugio para cometer tropelías en perjuicio de muchos empresarios.
De acuerdo a las quejas que se han recibido procedentes de Puerto Plata y otras ciudades de la región Norte, esa mafia persiste allí.
Según empresarios de esa y otras zonas, de persistir ese tipo de atropello y tropelía en su contra, irían definitivamente a la quiebra por lo que han reclamado la urgente intervención de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de que se les ponga coto en el menor tiempo posible.
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Advertencia
Sobre demandas
Las empresas de zonas francas, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) han advertido que algunos abogados y alguaciles están poniendo en peligro la existencia de importantes fábricas, principalmente del Cibao, con demandas que consideran temerarias del pago de prestaciones de empleados cesanteados, pero que ya cobraron hasta el año 2005, su liquidación. La Suprema Corte de Justicia está apoderada de un recurso de inconstitucionalidad a la ley 187-07, que protege al sector patronal.
