El Colegio de Abogados de la República Dominicana, ante la consternación generada por los casos sonados de corrupción administrativa, muy especialmente el caso Odebrecht, demanda de acciones urgentes de todos los sectores para erradicar ese flagelo.

Miguel Surun, presidente del gremio, informó que más que un problema de un sector en particular, es de carácter sistémico que amerita la participación de todos, por lo que es necesario y urgente avocarse a un gran acuerdo nacional contra la corrupción e impunidad que incluya a todas la fuerzas vivas de nuestros país, especialmente partidos políticos, sociedad civil, organizaciones sociales, empresariales y religiosas, a convenir un acuerdo nacional contra la corrupción e impunidad.

Dicho acuerdo debe incluir la restructuración de todo el entramado de financiamiento político en nuestro país, incluyendo la limitación en los tiempos e inversión en las campañas de políticas; Creación de un órgano adscrito a la Junta Central Electoral encargado de fiscalizar el financiamiento de actividades políticas, el origen y límite de dichos financiamientos, así como la duración de las campañas electorales.

También creación del Fiscal Electoral encargado de perseguir los delitos electorales generados por violaciones a dicha ley; Garantizar la existencia de un régimen de consecuencias para los corruptos, lo cual solo puede lograrse con un sistema de justicia conformado por Jueces y fiscales con verdadera independencia funcional y administrativa aprobando las garantías laborales que los protejan contra represalias por las decisiones que tomen por los casos de que son apoderados.

En el acuerdo nacional contra la corrupción e impunidad asimismo debe establecer la asignación del 4.1% del presupuesto para jueces y fiscales de conformidad con la Ley de Autonomía Presupuestaria; el fortalecimiento de la Cámara de Cuentas asignándoles los recursos necesarios para fiscalizar, auditar de manera eficiente el manejo de los fondos públicos; así como la restructuración de todo el sistema de compras y contrataciones públicas, estableciendo un régimen rigoroso de fiscalización y penas de cárcel para aquellos funcionarios y particulares que realicen operaciones públicas en contravención a la ley, entre otras iniciativas.