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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) presentó una acción de amparo constitucional de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra del Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, alegando que la imposición obligatoria de audiencias virtuales en los tribunales del Distrito Nacional vulnera el acceso a la justicia y el derecho al trabajo de los abogados.
La medida fue presentada por el presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, junto a los juristas José Manuel Jerez Tineo, Manuel Emilio Galván Luciano y Julio Ángel Ledesma Suárez.
Denuncias sobre afectaciones al debido proceso
Potentini argumentó que la Resolución núm. 21-2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, junto a la Circular núm. 003/2025 de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, imponen de manera obligatoria el uso de plataformas digitales en la celebración de audiencias, afectando derechos fundamentales como:
- El acceso efectivo a los tribunales.
- El debido proceso legal.
- La tutela judicial efectiva.
- El derecho al trabajo digno de los abogados.
Según el CARD, la medida ha generado obstáculos operativos y tecnológicos, afectando a abogados y ciudadanos. Actualmente, en el Edificio de las Cortes del Distrito Nacional, la mayoría de las audiencias se celebran exclusivamente en modalidad virtual, excepto los procesos penales y embargos inmobiliarios.
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Preocupación por la brecha digital y seguridad jurídica
Potentini advirtió que la virtualización forzosa incrementa los riesgos de fraudes procesales, limita el acceso a archivos judiciales y restringe el rol presencial de alguaciles, afectando la seguridad jurídica.
«La justicia no puede ser solo para quienes tienen tecnología. Esta virtualidad forzosa es, en esencia, un cierre parcial de los tribunales para muchos ciudadanos», declaró el presidente del CARD.
El gremio también señaló que la medida afecta el derecho al trabajo de abogados independientes, especialmente aquellos de escasos recursos o de edad avanzada, quienes enfrentan dificultades adicionales para ejercer su profesión en entornos digitales.
Solicitud ante el Tribunal
El CARD pidió al Tribunal Superior Administrativo que:
- Declare válida la acción de amparo y compruebe la vulneración de derechos fundamentales.
- Ordene al Consejo del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia restablecer la presencialidad en los tribunales afectados.
- Disponga medidas cautelares urgentes para garantizar la protección de los derechos constitucionales.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, junto a directivos como Lucía Florentino, Aurelio Valenzuela, Alfredo Ramírez, Elizabeth Pérez y Marilyn Natera, reafirmó que la institución no se opone al uso de la tecnología en la justicia, pero rechaza su implementación obligatoria, excluyente y desproporcionada.
Ahora, el Tribunal deberá decidir sobre el fondo de la acción de amparo presentada por el gremio de abogados.
