El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, denunció la calamitosa situación por la que atraviesan jueces y fiscales para el desempeño de sus funciones, durante su participaron en la Cumbre Judicial Nacional.

Surun Hernández expresó preocupación por el deterioro de las condiciones laborales, planta física, escasez de personal, material y equipos, que complica su rendimiento; así como la falta de garantías laborales que impidan un traslado o una degradación no consentida, por ausencia de mecanismos protectores que impidan la aplicación de dichas medidas.

Calificó como un maltrato generalizado el clima de terror en muchos casos subyace, que influye sus decisiones en un sentido o en otro, ya sea por el temor a represalias disciplinarias o mediáticas, alimentadas en muchos casos por denuncias públicas de algunos actores del sistema que antes de todo proceso, aparecen emitiendo condenas, sin ningún tipo de elemento probatorio conocido.

“Por esta razón recomendamos que se realice una reforma de la Justicia que incluya la aplicación de la Ley de Autonomía Presupuestaria con la asignación del 4.1% del presupuesto y mejorar las condiciones en las cuales ejercen jueces y fiscales”, informó el presidente del gremio.

También sugiere aprobar el financiamiento por parte del Banco de Reservas, a una tasa preferencial de hasta US$50,000.00, para el vehículo importado con el impuesto único que en la actualidad se otorga a los Jueces y Fiscales e incluir a todos los servidores del Poder Judicial y del Ministerio Publico en el Senasa Contributivo, más seguro complementario, con cargo total al Estado.

El gremio sugiere la entrega de una póliza de Vida de hasta RD$10,000,000.00, a favor de jueces y fiscales, por la elevada peligrosidad de sus funciones y de un bono educación para los servidores de la justicia, que cubra educación primaria, intermedia y Universitaria.

Establecer en coordinación con el INVI y con la DGII, un sistema que permita otorgarle preferencia para la adquisición una vivienda, creando un bono fiscal para el constructor de forma tal que pueda formar parte del precio de la vivienda.