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El Colegio Dominicano de Notarios deploró hoy la decisión adoptada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que declaró inconstitucional el artículo 51 de la Ley número 140-15, del Colegio de Notarios y del Notariado dominicano, y dijo que dicho artículo está totalmente vigente.
Según la mencionada Ley, faculta al notario instrumentar embargos, desalojos y puesta en posesión de administrador judicial provisional en un inmueble.
El presidente del Colegio de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, explicó que aunque sabe que tal declaratoria sólo aplica para el caso de que se trata, y no tiene ninguna otra aplicación, el referido tribunal sólo puede declarar la inconstitucional por vía difusa, o sea, de manera excepcional.
Durante una rueda de prensa y acompañado de miembros del consejo directivo de la entidad, Rodríguez Montero aclaró que, por tanto, la decisión del tribunal sólo aplica para ese caso en concreto, de ahí que dicho artículo está totalmente vigente.
Reiteró que de ahí que este artículo tiene plena vigencia, y que los notarios deben continuar instrumentando los procesos verbales de todos los embargos, lanzamientos de lugares, protestos y fijación de sellos.
Señaló que los argumentos con los cuales se ha pretendido justificar esta declaratoria pone en evidencia que la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, actuó por encargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán.
Además expuso que la presencia de los notarios en actuaciones extrajudiciales, como embargos y desalojos, ha abonado a favor de la seguridad jurídica, porque el «desorden» ha imperado alrededor de los alguaciles.
Añadió que tales ejecuciones han devenido en verdaderos asaltos legalizados que han dañado a empresas y familias que han sido azotadas por acciones desaprensivas.
El Colegio Dominicano de Notarios llamó a sus miembros a continuar aplicando el artículo 51 por conservar este toda su eficacia y valor de acuerdo a la Constitución de la República y las leyes del país.
