El Colegio Dominicano de Notarios denunció que la Suprema Corte de Justicia pretende cobrar ilegalmente más de 30 millones de pesos mensuales a través de un simple reglamento de los actos levantados por los notarios públicos, los cónsules y vicecónsules, quitándoles atribuciones jurídicas y financieras ese gremio, a los ayuntamientos y a otras instituciones.

Al interponer un recurso de nulidad de la resolución 21/2018 ante el Tribunal Superior Administrativo, Pedro Rodríguez Montero, presidente del gremio profesional, señala que el Consejo del Poder Judicial excede las atribuciones que le confiere la Ley 140-15, que instituye el Colegio Dominicano de Notarios, con la aprobación de un reglamento sobre registro de actos notariales y su equivalente.

Explicó que el organismo presidido por Mariano Germán trata de imponer un impuesto a todos los actos redactados por los notarios públicos y de manera indirecta establecer reglas a la función notarial, que es un servicio público bajo la vigencia y supervisión de la Suprema Corte de Justicia y el Colegio de Notarios.

Rodríguez Montero indicó que, arbitrariamente, el Consejo del Poder Judicial no solo despoja de ingresos al Colegio de Notarios, sino también a la Oficina de Registro de Títulos, Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las Cámaras de Comercio y Producción del país.

“Increíblemente, el Consejo del Poder Judicial pretende adjudicarse recursos financieros en perjuicio de otras instituciones, en vista de que la partida asignada por el Presupuesto Nacional no le alcanza para cumplir sus funciones”, expresó el presidente del Colegio de Notarios.

Manifestó que bajo la tutela del doctor Mariano Germán se busca privar al Colegio de Notarios de recursos para sus gastos y actividades, entre ellas la Escuela Nacional de Capacitación Notarial (ECANOT) y para la creación del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del notario dominicano.

Rodríguez Montero expresa en su instancia que “resulta evidente que se trata de una tasa impositiva por servicios judiciales, dispuesto de forma administrativa por resolución del Consejo del Poder Judicial, de forma inconstitucional, y de forma unilateral, desconociendo el órgano colegiado instituido por el artículo 15 de la Ley Notarial.

Dijo que con anterioridad, la entidad que preside sometió ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la referida resolución, en virtud de que el Consejo del Poder Judicial carece de facultad legal para establecer tasas impositivas por vía administrativa, porque esa facultad corresponde al Congreso Nacional.

Puntualizó que “esta función fiscalista del Consejo del Poder Judicial demuestra que existe una voracidad por tener recursos e imponer tasas o costos para el registro de todos los actos notariales, tanto de actos bajo firma privado como a los actos auténticos”.

Aclaró que, conforme el artículo 73 de la Constitución de la República, es nulo de pleno derecho todo acto de que subvierta el orden constitucional, o actos de autoridad usurpada, acciones o decisiones de los poderes públicos que sean contrarios al texto de la Constitución.

“La actuación del Consejo del Poder Judicial no es una decisión digna, no se corresponde con el Estado social y democrático de derecho que hemos asumido los notarios y notarias de la República”, expresó.

El recurso del Colegio de Notarios ante el Tribunal Superior Administrativo fue presentado por los doctores Laura E. Sánchez Jiménez, Manuel Olivero Rodríguez y Antonio Rodríguez Tejeda.