El Colegio Dominicano de Notarios suspendió la colegiatura y sometió ante la Suprema Corte de Justicia a cuatro de sus miembros y procesa a 115.
En tanto que su presidente, Pedro Rodríguez Montero, advirtió que si los colegiados no actúan con prudencia ante la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, serán sancionados con prisiones que van desde seis meses a 10 años.
Dijo durante una rueda de prensa que la Fiscalía y la Comisión de Disciplina de esa agrupación han conocido 150 expedientes, y que 35 han sido desestimados por acusaciones temerarias de clientes y por carecer de méritos.

Manifestó que lo más grave del cuadro es que, no obstante las denuncias hechas por los medios de comunicación sobre la comisión de actos delictivos de notarios, la Procuraduría General en vez de reclamarles el papel de seguridad notarial les legaliza de manera ligera los actos.