POR TANIA HIDALGO
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, solicitó ayer a la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción coloque impedimentos de salida del país al ex jefe de la Policía, mayor general retirado Jaime Marte Martínez, y los demás oficiales y ex oficiales vinculados al usufructo de vehículos robados y que les imponga que se presenten de manera obligatoria periódicamente ante el juez por entender que son autores o cómplices de robo y asociación de malhechores.    

«A la fecha contamos con elementos de pruebas suficientes para sostener que los imputados son autores o cómplices de las infracciones antes mencionadas entre las que se encuentran innumerables documentos, como son ‘certificaciones de cargo de vehículos’, consistentes en documentos mediante los cuales estas personas entregaban a otros oficiales de la policía vehículos recuperados y que estaban siendo objetos de investigación», indica el oficio del fiscal.

Hernández Peguero hizo La petición tras calificar este caso como robo y asociación de malhechores previstas en los artículos 379 y 265 del Código Penal.

Asimismo, Hernández Peguero citó como elementos de prueba el informe presentado el pasado 23 de septiembre por una junta investigadora, el cual contiene una relación detallada desde la fecha de la denuncia de robo de vehículos a la fecha de su recuperación, la persona a la cual se le ‘cargó’ o asignó el vehículo y por orden de quién sucedía eso, además de la delimitación de responsabilidad.

La medida afectaría a Marte Martínez, al coronel retirado Fausto Tiburcio Batista, a los generales de brigada Yuri Ruiz Villalona y Osvaldo Hernández de la Cruz (El Pachá), el ex general de brigada Ernesto Ovalles Concepción, el coronel Felipe Terrero García y el general de brigada retirado Pedro A. Hernández Reynoso. La audiencia fue fijada para mañana jueves.

«En virtud de la investigación que se ha iniciado, por presunta violación a los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal, por alegada distracción y usufructo personal y por cargo a terceras personas que hacían éstos y otros oficiales de la Policía Nacional de vehículos robados y posteriormente recuperados sin conocimiento y autorización de sus propietarios

procedemos a fijar el conocimiento de la audiencia para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción», indica el auto número 002-04 de la magistrada interina Daira Medina Tejeda, del Primer Juzgado de la Instrucción.

De acuerdo con el artículo 226 del Código Procesal Penal, a solicitud del ministerio público o del querellante, el juez puede imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las medidas de coerción que van desde la presentación de una garantía económica suficiente y la prohibición de salida del país sin autorización, así como de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

Además, el juez, si lo entiende prudente, puede establecer que el acusado se presente de manera obligatoria periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe o la colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado.

Asimismo, tiene la facultad de emitir orden de prisión preventiva.

En el informe realizado por la junta investigadora se hace constar una certificación «cargo de vehículo», del 14 de febrero pasado, mediante el cual el coronel Frank Pichardo, entonces asistente del ex presidente de la República, Hipólito Mejía, recibió de manos del coronel Hernández de la Cruz, entonces comandante de investigaciones de Vehículos Robados, una jeepeta Mitsubishi Montero colores blanco y gris, 2001.

Además figura otra certificación del 22 de abril pasado, según la cual el teniente coronel Isidoro Quezada Tiburcio certifica haber recibido del coronel Tiburcio Batista una jeepeta Mitsubishi Montero negra, en buen estado.

La junta investigadora estuvo integrada por Arístides Victoria, subsecretario de Interior y Policía; José Jiménez, procurador adjunto; mayor general José Luis Domínguez, inspector general de la Policía; general de brigada Rafael Bencosme Candelier, director central de Asuntos Internos de la Policía y teniente coronel  Inocencio Martínez, asistente personal del director de J-2 del Ejército.

En relación al caso, fue interrogado ayer Hernández Reynoso, quien señaló que, según el informe de la junta investigadora, al coronel Ángel Sánchez Martínez y al teniente coronel Justo Batista Tavares les fueron asignados vehículos en el año 2000, cuando él aún no era comandante del departamento.

Explicó que eso confirma que detrás de los hechos denunciados en su contra hay intereses oscuros que pretenden «mancillar» la honra de policías honestos, cuyo único delito fue “servir a la Patria y a la institución.”

El pasado lunes fueron interrogados Marte Martínez, ex jefe policial, y el general de brigada retirado Ernesto Ovalles Concepción, ex asistente especial de Marte Martínez.