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POR TANIA HIDALGO y DIEGO PESQUEIRA
El Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco) pidió ayer colocar impedimentos de salida del país a seis ex funcionarios del pasado gobierno, a quienes involucra en una supuesta estafa en la compra y distribución de invernaderos importados por la secretaria de Agricultura.
La instancia fue presentada por el director del Depreco, Octavio Líster pasadas las 2:00 de la tarde ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Doris Pujols Ortiz. Líster fue acompañado de los fiscales Pedro Féliz Montes de Oca y Otoniel Bonilla.
El DEPRECO alega que estos invernadotes habrían sido asignados de manera irregular, perjudicando al Estado con más de RD$500 millones.
La medida afecta al ex secretario de Agricultura José Antonio Fabelo Molina; Ramón Osiris Polanco, ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Sergio Uribe Castro, subsecretario de Agricultura y director del proyecto de Mercados Frigoríficos e Invernaderos (Promefrin), y los hermanos Andrés, Fausto Porfirio y José Rafael Escarramán Hernández.
Líster dijo que eso no significa que Eligio Jáquez, ex secretario de Agricultura y alto dirigente del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), sea excluido de la investigación, «en razón de que se han solicitado medidas de coerción contra aquellas personas que se presume con certeza podrían abandonar el país para evadir la persecución judicial».
«La instancia del sometimiento no es solamente contra las personas que estamos solicitando la medida de coerción, sino contra otros que pudieren resultar implicados en el transcurso de la investigación, o sea que las pesquisas continúan», precisó.
Indicó que «el caso es sumamente grave», ya que el Estado resultó perjudicado con más de RD$500 millones, ya que cada invernadero costó más de US$200,000, de los cuales subsidió US$112,000, mientras que los beneficiarios solamente pagarían US$68,000. «O sea, que el beneficiario iba a pagar a diez años US$68,000 con dos años de gracias», apuntó.
Aseguró que en el caso de los invernaderos podrían resultar implicadas más de 20 personas.
Los invernaderos son espacios cerrados para la producción de hortalizas en condiciones ambientales controladas, lo que aumenta la productividad.
«Estamos hablando de algo que cuesta cinco millones de pesos, entonces no es posible que con los recursos de todo el pueblo esto fuera a parar a manos de ex funcionarios. Está bien que llegará a los productores agrícolas, porque es posible que la finalidad con que se diseñó el programa estuviera bien dirigida, pero fue mal aplicada, porque tenemos un listado de 51 casos donde fueron otorgados de manera irregular», puntualizó Líster.
Hace unas semanas, la oficina privada de Jáquez fue allanada por las autoridades del ministerio público en busca de documentos que pudieran evidenciar su posible implicación en el caso.
Sin embargo, el dirigente político rechazó de manera tajante que haya incurrido en alguna irregularidad a través de los invernaderos.
El grupo está acusado de prevariación, desfalco, asociación de malhechores, estafa y abuso de confianza, en perjuicio del Estado, hechos previstos y sancionados en el Código Penal.
Según la instancia depositada por el Depreco, el ex secretario de Agricultura utilizó como testaferro a un cuñado suyo de nombre Manuel Augusto Santana Matías, para beneficiarse de los indicados proyectos de invernadero «pues si bien figura a nombre de éste, el ministerio publico sostiene que como consecuencia de los resultados preliminares de esta investigación pudimos detectar que es de su propiedad».
