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Los recursos destinados por el Estado dominicano a mejorar la calidad de vida de los dominicanos alcanzaron en la última medición anual válida para todo el continente el 8,9% como proporción del Producto Bruto Interno (PBI) situándose por debajo de la media de América Latina que es de 13%, un nivel que resulta insatisfactorio con solo saber que ninguno de los montos salariales mínimos obligatorios cubre a cabalidad el costo de la vida de los estratos correspondientes que van desde la pobreza extrema a la clase media baja privada aun de mayores ingresos generales prometidos.
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En lo que va de año las inversiones en obras han sido vistas por especialistas independientes como experimentando descensos con un déficit de ejecución presupuestaria a noviembre de 25 mil millones de pesos, lo que en principio sería atribuible a las urgencias asistenciales causadas por la pandemia de subsidiar a sectores de bajos ingresos e impedir alzas en los combustibles redirigiendo fondos. Sin embargo, el gasto social cuya insuficiencia se destaca es el que debe elevar las condiciones de vida además de financiar consumos. Se coloca a la República Dominicana en el grupo de países de la región que se queda corto en aplicar programas dirigidos a hacer eficientes los servicios de educación, salud, cultura, recreación y que provean soluciones habitacionales saciando necesidades materiales y espirituales. Algo de todo esto se hace con notables pregones y un poco de fanfarria pero es evidente que procede llegar más lejos.
