BOGOTA, (AP).-  Las autoridades colombianas ofrecieron el viernes una recompensa de más de 10.000 dólares por cada uno de los organizadores de un paro armado que protestan por la muerte hace cinco días de un importante jefe narcoparamilitar.

«Estamos ofreciendo 20 millones de pesos (unos 10.600 dólares) por información de cabecillas de esta banda delincuencial» conocida como «Los Urabeños», aseguró el viernes en entrevista telefónica con The Associated Press el general de la policía José David Guzmán.

Desde la víspera, «Los Urabeños», una banda criminal dedicada al narcotráfico y al paramilitarismo, mantienen un paro armado en casi todos los departamentos del noroeste del país en protesta por la muerte en combate el 1 de enero de su máximo cabecilla, Juan de Dios Usuga, conocido con los alias de «Giovanny» y «El Guerrillero».

Desde entonces empezaron a aparecer panfletos en varios municipios de una región conocida como Urabá –noroeste del país– en la que se invitaba a sus habitantes a parar sus actividades.

El jueves circularon panfletos que aseguraban que el paro se extendería hasta el viernes, por lo que «no queremos ver a nadie andando (en las calles) y haciendo ninguna labor. Esto en retaliación a lo sucedido» con su jefe Usuga. Usuga, dijo Guzmán, fue sepultado el jueves. Para analizar la situación, indicó Guzmán, él encabezará un consejo de seguridad en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, 450 kilómetros al noroeste de Bogotá.

El presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estarán en el puerto caribeño de Santa Marta, 750 kilómetros al norte de la capital colombiana, en otro consejo de seguridad. «Vamos para consejo de seguridad en Santa Marta. Bacrim (bandas criminales) los urabeños recibirán respuesta contundente a su actuación desafiante», escribió el viernes el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

El jefe policial dijo que «la situación de la zona de Urabá y sus alrededores está restablecida en un 100%, mejor dicho, normal comparado con el día anterior que sí hubo dificultades para que más de 50.000 personas se trasladaran a sus lugares de trabajo». En Urabá, precisó, fueron capturados 12 de los jefes de «Los Urabeños».

En tanto, el general Rodolfo Palomino, comandante de Seguridad Ciudadana, dijo a reporteros que el comercio y el transporte en el noroeste se han paralizado por temor de la gente a represalias. «Le hemos preguntado a la gente quién los está amenazando y la gente nos contesta: ’nadie, lo que pasa es que no queremos tener problemas»’. El alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, dijo telefónicamente a la AP que en su ciudad, de unos 480.000 habitantes, la situación «apenas se está restableciendo… en un 80%.

El transporte se ha ido mejorando poco a poco… Esperamos que al mediodía esté restablecida la situación totalmente». Según el burgomaestre, «no podemos dejarnos amedrentar de unos pocos violentos». En ese sentido, el jueves en la noche el presidente Santos les declaró la lucha a las bandas criminales que realizan el paro armado.

 «Los intentos de las bandas por frenar la acción de las autoridades no detendrán la lucha sin cuartel contra estos grupos. Vamos con todo», dijo. El ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) opinó el jueves en diálogo telefónico con la AP que «las bandas criminales han tomado una fuerza inusitada. Yo creo que hay que combatirlas con acciones contundentes como bombardear». Juan de Dios Usuga fue muerto el domingo en zona rural del municipio de Acandí, departamento de Chocó, a unos 560 kilómetros al noroeste de Bogotá. Contra Usuga, quien era solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, pesaban más 10 órdenes de captura por diferentes delitos.

Según la policía, antes de unirse a los paramilitares Usuga perteneció al rebelde Ejército Popular de Liberación (EPL). El y su hermano Dairo Antonio Usuga eran lugartenientes de Daniel Rendón Herrera, un importante jefe del narcotráfico y el paramilitarismo que fue capturado en el noroeste colombiano en abril de 2009 y quien es requerido en extradición por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de drogas.