El Congreso de Colombia tiene la vía más despejada para implementar el acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC: ayer, la Corte Constitucional avaló un mecanismo conocido como “fast track”, que reduce los debates necesarios para aprobar leyes relacionadas con la paz.
La decisión da un empujón al desarme de las FARC, que empezó la semana pasada a contrapié por la falta de claridad sobre el futuro del acuerdo. Las FARC exigían una decisión del tribunal antes de avanzar hacia una veintena de zonas donde entregarán sus armas a la ONU.
El mecanismo fue aprobado por 8 votos contra uno, según informó la Corte, y afecta tanto a leyes como a reformas constitucionales. No obstante, el Tribunal Constitucional deberá revisar todas las medidas tomadas por esta vía.
La medida más urgente para destrabar la implementación de los acuerdos es la ley de amnistía para los presos de la guerrilla, cuya propuesta estaba prevista para ser radicada en el Congreso ayer. Antes de junio de 2017 quedarían aprobados los puntos más importantes del pacto, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz. El interés tanto del gobierno como de los rebeldes es dar forma a su acuerdo final, firmado el 24 de noviembre en Bogotá, antes de las elecciones de 2018.
La oposición rechaza este mecanismo, que reduce de 8 a 4 el número de debates necesarios para la toma de decisiones y da más poder al presidente Juan Manuel Santos sobre el Congreso. Los defensores del “No” en el plebiscito del 2 de octubre, exigen otra consulta popular, pero la Corte considera que el Congreso goza de la legitimidad necesaria para refrendarlo.