Colombia arma sus congresistas

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BOGOTA (AFP).- En la mira de las guerrillas de izquierda o los paramilitares de extrema derecha, los representantes a la Cámara del Congreso de Colombia recibieron pistolas y subametralladoras para su defensa personal, un hecho que abrió una polémica en un país que busca la paz desde hace décadas.

   La distribución de 150 pistolas Smith & Wesson 9 milímetros y 45 subametralladoras MP5 entre los 166 representantes forma parte de un dispositivo de seguridad adoptado por el Legislativo para proteger a sus miembros y que también incluye la entrega de carros blindados y aumento en el número de escoltas.

   «Dispusimos la entrega de las armas a los respresentantes a la Cámara debido a las amenazas y alto riesgo que tienen la gran mayoría de ellos, entonces tomamos la decisión de reforzar sus esquemas de seguridad», declaró este miércoles la presidenta de la Cámara (baja), Zulema Jattin.

   La entrega de las armas, adquiridas por el Estado a un costo de 4.342 millones de pesos (1,7 millones de dólares), generó una polémica entre quienes las estiman necesarias y aquellos que consideran contraria a la búsqueda de desmilitarizar la sociedad colombiana.

   «Claro que estamos buscando la paz en el país, pero qué hacemos los congresistas si los que son de derecha están en la mira de la guerrilla y los que somos de izquierda estamos expuestos a que los paramilitares nos peguen un tiro. Este es el país en que vivimos», dijo a la AFP el representante Wilson Borja, del izquierdista partido Polo Democrático Independiente (PDI).

   Víctima de un atentado contra su vida el 15 de diciembre de 2000, del que salió gravemente herido, Borja recibió una pistola y una subametralladora, y es considerado uno de los congresistas con mayor nivel de riesgo.

   Ha recibido varios cursos de seguridad personal con instrucción sobre manejo de armas, tiene a su servicio 13 escoltas y recientemente la Policía le solicitó cambiar de vivienda, puesto que el lugar donde reside actualmente fue considerado vulnerable en caso de nuevo atentado.

   «No sé qué tantas personas en el Congreso tendrán la capacidad y la preparación para estar armados; pero estamos dando un mal mensaje, en este país la gente tiene riesgos, no sólo los congresistas sino que los ciudadanos en general, con esa lógica también tendrían que tener armas. Seríamos 44 millones de colombianos armados», afirmó este miércoles el representante Luis Fernando Velasco.

   Igualmente la legisladora Gina Parody rechazó la medida: «Nosotros estamos en una política de desarme, que es lo que queremos en todo el país, y no veo cómo en Colombia los congresistas decidimos armarnos».

   Un funcionario administrativo de la Cámara señaló que el armamento se encuentra asegurado y que a cada congresista se le entregará el salvoconducto respectivo para la posesión del arma, además de la munición.

   «Hubiera preferido que se las entregaran a la policía y ésta a su vez a nuestros escoltas; pero no, el salvaconducto sale a nombre de cada congresista y cada uno tiene que responder por el arma que le entregan», añadió Velasco.

   Jattin explicó que los legisladores amenazados son principalmente de sectores de izquierda -especialmente del PDI-, al parecer por paramilitares, o quienes representan a departamentos conflictivos como Caquetá y Meta, en sur y centro del país.

   Congresistas del PDI denunciaron el 27 de agosto un complot para asesinar a unos 80 líderes de la oposición, incluido el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, a quienes, según los parlamentarios, el gobierno y los militares vinculan con las guerrillas comunistas.

   A mediados de agosto la Fiscalía develó un plan presuntamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para asesinar a Rocío Arias y Eleonora Pineda, dos representantes a la Cámara que median en el proceso de paz entre el gobierno y los paramilitares.

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