Por Andy Webb-Vidal
En Bogotá
Salvador Mancuso, un alto comandante de las Fuerzas Unidas de Auto-Defensa de Colombia, un ejército paramilitar ilegal, duerme en un catre reducido en una pequeña celda de la prisión de máxima seguridad de Itagüí, cerca de Medellín. Y no está de buen humor.

Durante los últimos tres años, Mancuso y unos 31,000 compañeros de filas han entregado sus armas como parte de un plan insignia de Álvaro Uribe, el presidente de Colombia, par pacificar un país llagado por años de violencia interna.

Pero ahora, el proceso de paz se está deshaciendo. Los jefes “paras”, como Mancuso, alegan traición; ex compañeros de armas de nuevo están cargando sus fusiles, y el presidente Uribe está enfrentando una “maëlstrom” político que amenaza con dejar incapacitado a su gobierno.

 “Se suponía que este iba a ser un proceso de reconciliación”, afirma Mancuso, de 43 años, quien comparte el bloque de prisión con otros 58 jefes paramilitares de categoría.

Él, y camaradas suyos con nombre de guerra como Jorge 40, Don Berna y Macaco, nunca esperaron terminar en Itagüí, donde fueron transferidos en diciembre desde un campamento de descanso cercano restaurado.

La desconfianza en la supervisión por el gobierno del proceso de paz, y el temor de que Uribe pueda firmar la extradición de algunos jefes paramilitares hacia Estados Unidos por cargos de narcotráfico, ha provocado que unos 5,000 ex-combatientes se reagrupen.  “Nos desmovilizamos completamente, pero el gobierno no ha cumplido parte de nuestros acuerdos verbales. Algunos comandantes regresaron a las montañas y se reintegraron”, dijo Mancuso al Financial Times. “Yo diría que 5,000 es una cifra conservadora”.

Frank Pearl, el alto comisario de Uribe para la integración, admitió en enero que el gobierno había “perdido el rastro” de 4,731 combatientes desmovilizados.

Bajo la Ley de Paz y Justicia, que entró en los libros de estatutos el año pasado, los comandantes “paras” se benefician con términos máximos de prisión de ocho años si confiesan las acusaciones que se hicieron en su contra, y pagan indemnización a las familias de las víctimas.

Puesto que pueden ser procesados según la ley ordinaria y enfrentar sentencias más largas si se niegan a admitir sus supuestos crímenes, los abogados implicados en el proceso dicen que ellos están dispuestos a confesar.

Mancuso, quien fue el primero en testificar, detalló decenas de operaciones que él dirigió y que resultaron en la muerte de más de 300 personas.

Sin embargo, el ya recargado proceso de paz está encontrando un obstáculo adicional: las antiguas conexiones semi-secretas entre los jefes paramilitares en Itagüí y el sistema político de Colombia están saliendo súbitamente a la luz.

Una investigación dirigida por la Suprema Corte, hasta ahora en lo que va de año, ha dado como resultado el arresto de ocho legisladores -todos aliados cercanos de Uribe- por supuesta colusión con grupos paramilitares para “arreglar” las elecciones regionales.

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores se vió obligado a renunciar después de que su hermano, un senador, fuera detenido.

Peor aún, el viernes, Jorge Noguera, el ex jefe de inteligencia estatal, una figura que durante el primer mandato de Uribe se veía como uno de sus ayudantes de más confianza, fue arrestado por haber ayudado supuestamente a los paramilitares.

Mientras el escándalo político más grave enfrentado por Uribe, un aliado regional de Washington, desde que fue elegido por primera vez en 2002, se acerca hasta el mismo centro del poder, los observadores están especulando que los nuevos arrestos realizados hasta ahora no son más que la punta del iceberg. Detalles de los vínculos entre los jefes paramilitares, políticos, líderes de empresas y generales del ejército que pronto pudieran ser revelados por Mancuso y sus colegas en Itagüí, podrían provocar que aterrizaran en la cárcel altas figuras del sistema.

Mancuso y sus camaradas hablan de haber mantenido “amistad” con no menos de 50 diputados y 33 senadores, es decir, una tercera parte del Congreso colombiano.

Los analistas en Washington están siguiendo de cerca el escándalo, que algunos miembros del congreso de EEUU han denominado el “para-gate”.

Aunque funcionarios del gobierno colombiano dicen que la investigación es un testimonio de la fuerza y la autonomía de las instituciones estatales, resulta vergonzoso para Uribe, que será el anfitrión durante la visita del presidente George W. Bush, el 11 de marzo.

Lo más grave es que el “para-gate” amenaza con disminuir las posibilidades de Colombia de asegurar un acuerdo de comercio con EEUU, y estancar unos US$3,9 millardos de nueva ayuda militar y anti-narcóticos de EEUU, a pesar del respaldo de la administración Bush.

“¿Hasta dónde va a llegar esto? Todos nos morimos por saberlo”, dice Adam Isaacson, del Centro de Política Internacional, en Washington.

 “Internacionalmente, esto ha sido muy malo. No podría ocurrir en un peor momento [para Uribe], con un nuevo Congreso demócrata [en EEUU] que ya estaba particularmente inclinado a darle lo que quisiera”.

VERSION IVAN PEREZ CARRION