Dijo que requieren asistencia médica y jurídica

Los 18 exmilitares colombianos capturados en Haití como sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse requieren asistencia médica y jurídica “urgente”, señaló el martes la Defensoría del Pueblo de Colombia, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos.

Las condiciones de detención de los colombianos fueron verificadas la semana pasada por una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. En su informe la comisión advirtió que a los colombianos no se les ha permitido hablar con un abogado pese a haber sido interrogados por las autoridades haitianas y el FBI.

“Lo más grave, hasta ese momento, (es que) ninguna autoridad judicial o del Ministerio Público (de Haití) había hecho el control de la detención que exige ese país”, indicó en una declaración oficial el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, tras viajar a Haití.

La canciller y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, pidió al gobierno de Haití brindar garantías a los colombianos detenidos en su país y cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En una carta enviada al embajador haitiano en Colombia, Jean Mary Exil, el 30 de julio, Ramírez aseguró que hay “irregularidades en la detención y asistencia a los connacionales” que no contaban con ninguna clase de asistencia jurídica para ejercer su defensa.

Tres días después, el embajador de Haití respondió en una entrevista al medio televisivo Red Más Noticias que su país respeta “todo lo que tiene que ver con derechos humanos” y añadió que no hay “absolutamente ninguna irregularidad en los procesos”. La Defensoría del Pueblo entregó el informe a la OEA y a la Cancillería.

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Las condiciones de los colombianos
Los detenidos duermen en el piso, comen dos veces al día y tienen un acceso limitado al agua, debido a que les ofrecen 20 litros al día que deben dividir entre 18 colombianos y dos haitianos, advirtió la Defensoría en un comunicado.

La Oficina Integrada de la ONU en Haití señaló en un informe publicado en junio de este año que la mayor parte de la población carcelaria en ese país está confinada en “condiciones inhumanas” y todavía no ha sido sentenciada.