BOGOTA (AFP).- La liberación de uno de los 58 rehenes de las FARC en medio de un operativo del Ejército alentó al gobierno colombiano a buscar el rescate de los demás cautivos, contra el rechazo de sus familias que prefieren un canje por guerrilleros presos propuesto por el grupo armado.

El ex ministro Fernando Araújo, secuestrado hace seis años, huyó el 31 de diciembre durante una acción para rescatarlo, y tras deambular cinco días por las montañas del norte del país fue hallado el viernes por el Ejército, en lo que el gobierno del presidente Alvaro Uribe reivindicó como un triunfo militar.

De hecho, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que los rescates seguirán, acatando una orden de Uribe hace tres meses cuando suspendió las tentativas para un canje en rechazo a un atentado en una guarnición militar de Bogotá, que dejó 20 heridos y cuya autoría negaron las FARC.

«El gobierno va a seguir las operaciones en todo el país, va a continuar con la misma insistencia y tenacidad para que ojalá muy pronto no haya un solo secuestrado», señaló.

Santos indicó que aunque en el caso de Araújo el operativo fue autorizado por la familia, el gobierno se reserva el derecho de consultar a los parientes en futuras acciones.

Entre los rehenes se hallan políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt, militares, policías y tres estadounidenses, a quienes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretenden canjear por 500 rebeldes presos.

   La liberación del ex ministro sacó a flote la incomodidad que genera al gobierno el intercambio humanitario, para el cual las FARC exigen la desmilitarización de dos poblados del sur del país.

   «Nunca he creído (en el canje) por la falta de voluntad de las FARC. Entiendo las buenas intenciones de quienes lo promueven y que están abiertos todos los caminos, pero la verdad es que la guerrilla no tiene ninguna voluntad de acuerdo», aseguró el ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín.

   La perspectiva de que Uribe se lance de lleno a rescatar a sangre y fuego a los cautivos -algunos desde hace nueve años- aumentó la angustia de sus familias y generó preocupación en los promotores del canje.

   Once rehenes de las FARC han muerto durante el gobierno de mano fuerte de Uribe, incluidos ocho militares, un gobernador y un ex ministro en una fallida operación en mayo de 2003.

   «Como dijo Ingrid en su último video, si en un rescate se le garantiza plenamente al secuestrado que va a salir vivo, que lo hagan; de lo contrario, no», dijo el esposo de Betancourt, Juan Carlos Lecompte, citando una prueba de vida de la líder retenida el 23 de febrero de 2002, difundida hace tres años.

   «Nos preocupa que esta sea la única salida del gobierno para conseguir la libertad de los secuestrados, cuando está la opción del intercambio», señaló Fabiola Perdomo, esposa de uno de 12 diputados retenidos desde abril de 2002.

   En igual sentido se pronunció el ex ministro Alvaro Leyva, promotor del canje, quien observó que en la liberación de Araújo «hubo una dosis importante de suerte», y llamó a Uribe a ordenar el retiro temporal de tropas de los poblados de Pradera y Florida.

   «El gobierno no debería sentirse alentado a una política indiscriminada de rescates», opinó el analista León Valencia, mientras que su colega Claudia López advirtió que la liberación de Araújo endurecerá de por sí las condiciones de los cautivos.