POR DIEGO PESQUEIRA LOYDA PEÑA, Y ELÍAS RUIZ MATUK
El fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, dijo ayer que es preocupante que carteles de la droga colombianos operen en territorio dominicano y estimó que es tiempo de corregir «deficiencias» en la persecución de los narcotraficantes en los barrios. A su vez, el secretario de Interior y Policía, dijo que desde hace tiempo al país penetran colombianos con documentaciones de dominicanos que consiguen con materiales sustraídos a la Junta Central Electoral (JCE).

El doctor Franklin Almeyda Rancier dijo que estas falsificaciones demuestran lo vulnerable que es por la falta de rigurosidad y control en el sistema que tiene la JCE.

«Evidentemente que nos preocupa que hayan extranjeros en el país en operaciones de narcotráfico, por lo que la autoridades debemos estar muy atentos», dijo el fiscal Hernández Peguero.

Agregó que «creo que el momento es oportuno para observar que existen ciertas deficiencias en la persecución de la droga en los barrios».

Hernández Peguero, entrevistado al participar en el Desayuno del club San Carlos, dijo que se debe reforzar la vigilancia cuanto antes en los barrios.

Sostuvo que para combatir el narcotráfico siempre las autoridades deben estar «muy atentas».

«El narcotráfico es una actividad delictiva, pero es una actividad también comercial y en consecuencia los narcotraficantes intentarán por todos los medios de colocar producto en el mercado más grande, que es Estado Unidos», precisó.

Organismos internacionales que consideraron que «la zona del Cibao», especialmente en Santiago, se habría convertido en el lugar de operaciones de personeros de carteles colombianos.

POR LA FRONTERA

Almeyda Rancier afirmó que a través del a frontera, desde hace tiempo vienen penetrando colombianos con documentaciones de dominicanos.

Representantes de los organismos internacionales temen  que carteles colombianos están utilizando el Cibao para el tránsito de importantes alijos de estupefacientes que son llevados a Estados Unidos.

Estimó Almeyda Rancier que las cédulas de identidad y electoral son fácilmente falsificadas, con solo cambiarles la fotografía.   Expresó que eso pasa mucho con los haitianos que se dotan de este tipo de cédulas para poder trabajar en el país. 

Afirmó que eso lo hacen con equipos que fueron sustraídos de la JCE, cosa que había denunciado el doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho), presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP).

«Los colombianos también están usando lo que se llama ‘un contó’, que consiste en el pasaporte, cédula, tarjetas de crédito y licencias para conducir», expresó.

Dijo, sin embargo, que la JCE está tomando medidas para corregir eso.

Afirmó que ha tenido informaciones de ciudadanos que tienen siete identidades con las que se dedican a actividades mafiosas.

“MADAME CAMIL”

Fuentes de crédito revelaron ayer que la JCE está tras la pista de una mujer identificada como «Madame Camil», la que estaría vendiendo a colombianos actas de nacimiento falseadas y otros documentos usando el registro civil de los desaparecidos en las inundaciones de Jimaní en mayo del 2004.

Se informó a HOY que la JCE además investiga a una oficial del Estado Civil que habría falsificado la firma de un Juez de Primera Instancia en la expedición de 188 declaraciones tardías por cada una de las cuales cobraba US$1,000.

Trascendió que las investigaciones en Jimaní incluyen a personal de la Junta Electoral Municipal, de donde se habrían perdido 500 “tripas” de cédulas.

De acuerdo con las fuentes, «Madam Camil», que se presume es extranjera, es una persona «muy influyente» en esa zona.

Su negocio para documentar a extranjeros como ciudadanos dominicanos incluye la venta de «paquetes» con actas de nacimiento, cédula y licencia de conducir falsas.

En la riada provocada por el desbordamiento del río Blanco, y que prácticamente asoló el municipio de Jimaní, ubicado en las proximidades de la frontera de República Dominicana  con Haití, murieron más de 1,000 personas.

Se informó que la oficial civil fue acusada por uno de los que recibió una de las 188 actas de nacimiento expedidas de manera fraudulenta.