Caracas.- Cuatro adversarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron encarcelados en Venezuela tras la activación de un «comando antigolpe», el puño de hierro con el que según analistas el presidente enfrentará a la oposición entre crecientes tensiones.

Tres días después de que la mayoría opositora en el Parlamento declarara a Maduro en «abandono del cargo», culpándolo de la crisis política y económica, el general en retiro Raúl Baduel fue enviado nuevamente a prisión. Exministro de Defensa del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y luego crítico de su gobierno, Baduel, de 61 años, estaba en libertad condicional desde agosto de 2015 y este jueves fue acusado de maniobras desestabilizadoras.

El miércoles, agentes de inteligencia también apresaron al diputado Gilber Caro y a los concejales Jorge Luis González y Rosmer Rubio, de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). «La única herramienta que tiene el gobierno frente al pueblo es utilizar el miedo y el terror y por eso ha juramentado un grupo que ellos llaman comando antigolpe», dijo este jueves a periodistas Julio Borges, presidente del Legislativo.

El ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, aseguró que fue develado «un plan terrorista desestabilizador», con el cual vincula a los detenidos y a Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López. La denuncia echó a andar el «Comando Nacional Antigolpe», que Maduro activó el martes en cabeza de su vicepresidente, Tareck El Aissami, quien se autoproclama «radicalmente chavista».

Reverol aseguró que el general Baduel mantenía reuniones conspirativas, y que los otros capturados estaban en posesión de armas y explosivos.

Poderes irreconciliables. Para el politólogo Manuel Malaver, las detenciones representan «un capítulo de máxima tensión» en el choque de poderes que vive Venezuela desde que la oposición tomó control del Parlamento en enero de 2016 con amplia mayoría. «Llegó el momento en el que parece imposible que coexistan los poderes y estamos viendo una escalada hacia una mayor confrontación», declaró Malaver a la AFP.

La declaración de abandono de cargo contra el presidente fue anulada el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno-, al ratificar que la cámara ha desacatado varias de sus sentencias.

La corte ya había dicho que la Asamblea no está facultada para destituir a Maduro, cuya gestión, según encuestas, rechazan 8 de cada 10 venezolanos en medio de una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 1.660% para 2017.

Mientras la pugna se caldea, la oposición descarta reanudar el diálogo con el gobierno para superar la crisis. No obstante, con el fin de reactivar las conversaciones, los delegados del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) -acompañantes del proceso- viajarán a Caracas la próxima semana.

La MUD congeló las negociaciones el 6 de diciembre para presionar al gobierno a que acepte un adelanto de las elecciones presidenciales, previstas para diciembre de 2018, pero Maduro descarta de plano esa posibilidad. Además, la oposición convocó a una marcha el 23 de enero, que el gobierno relaciona con el supuesto complot. «La situación es peligrosísima y no veo disposición de las partes a sentarse y llegar a acuerdos», afirmó Malaver.

Mecanismo de represión. La oposición ha advertido que el nombramiento de El Aissami como vicepresidente, la semana pasada, hace prever un aumento de la «represión» en Venezuela, donde según la MUD hay un centenar de «presos políticos». El mayor en retiro Clíver Alcalá, antiguo aliado de Chávez y adversario de Maduro, compara el «comando antigolpe» con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), ofensivas del gobierno contra la delincuencia que dispararon las denuncias de violaciones de derechos humanos.

«El comando antigolpe es la OLP para la política, para los que piensan distinto, con la que Maduro busca perpetuarse en el poder», dijo Alcalá a la AFP. Aunque la Fuerza Armada ha manifestado su «lealtad absoluta» a Maduro, Alcalá, confeso chavista, sostiene que el estamento militar «no es una excepción dentro del descontento generalizado».

Tanto Alcalá como Malaver creen que Maduro busca «bloquear» cualquier elección ante su bajísima popularidad. Para este año están previstos los comicios de gobernadores, que debían realizarse en 2016 y fueron pospuestos para el primer semestre.

En octubre pasado el poder electoral suspendió el proceso para un referendo revocatorio contra el mandatario.