DIÓMEDES MERCEDES
Cada día el tema de la Reforma Constitucional y el de la Constituyente para realizarla, cobra mayor atención del pueblo y de instituciones. Igual crece en las conciencias críticas el criterio de que en la forma de materializar las reformas que escoja el Gobierno estará implícita la naturaleza de su interés, tanto como su sentido de la democracia, del desarrollo económico y social y además, el tipo de país que quienes realmente gobiernan quieren que nosotros seamos. Mentes ácidas sobran que creen que el Gobierno monta un show populista distrayente, para terminar haciendo lo que en el momento le venga en ganas.

Con el show de Leonel, si lo es, o sin él, la nación tiene que ponerse de pie y con carácter manifestar su voluntad de cambio y, por vía del Gobierno o por sí misma, presionando por institucionalizar el proceso de cambio, ordenándonos, fraguándonos como nación; preferiblemente con la Constituyente como instrumento para el pacto nacional, para eludir así una inminente dictadura de élite local y  financiera internacional y desgarramientos intestinos, largos y perturbadores, previsibles.

La calidad y peso de las reformas dependen de la conciencia sobre lo anterior y del conocimiento de que, aunque no estamos en una guerra civil, sí estamos dentro de una gran crisis: la del tránsito de un ordenamiento social, político y jurídico estrecho, a otro adecuado para el país que no vemos debidamente situado ante las perspectivas de un inmediato futuro que no será el de traspatio imperial, pues esa trayectoria llegó a su tope, por lo cual hay que fraguar la nación, resguardándola para el cruce de estos torbellinos.

¿Queremos una nueva nación con poder interno y cohesión, multirrelacionada internacionalmente? ¿Admitiremos ser un pueblo jurídicamente de siervos, cuyos habitantes, recursos, avales, territorio y futuro sigan enajenándose, convirtiéndonos en una gran factoría junto a Haití, con un Estado y guarnición gobernándonos como colonia proveedora, esclava, del declive de potencias trasnacionales? “That is the question, to be or not to be”!

Es por ello, y por las lesiones y traumas vivos en la memoria histórica dominicana, que los ciudadanos tenemos suspicacia con la propuesta presidencial y vigilamos a los comisionados con justificados celos y aprehensiones.

 Urgidos por los cambios que el sistema y que nuestro crecimiento como pueblo ameritan, estos deben hacerse no como concesiones ligeras del stablishment, sino desde un proceso incorporativo que conquiste la apertura democrática.

Este proceso revolucionario puede incluso iniciarse desde el Gobierno. Una elaboración de la nueva cartilla nacional en estas condiciones iniciaría la liberación y la creación de ciudadanía para el nuevo escenario local e internacional.

Este proceso va de una u otra manera, y vano y malo es sabotear su mejor vía, la Constituyente, con artificios jurídicos fríos y mecánicos y otras metodologías segregacionistas.

El comisionado Eduardo Jorge Prats, eminente profesor, docto tratadista, en ese sentido coquetea con la posición original del Gobierno, renegando a sus propias cátedras y al conjunto de sus declaraciones, que contradice cuando induce a sustituir la Constituyente por la consulta.

Conoce que no es igual ni da lo mismo. La consulta, que puede ser tendenciada mediáticamente por el poder, como se hace con las elecciones, no es vinculante, cohesionante, ni mandante, ni democrática. Dejaría a los detentadores del poder con la facultad decisoria y discrecional, que se delegaría al fin en cualquier comisión técnica, previamente instruida de lo que habrá de hacerse.

La labor pedagógica de la Constituyente tiene inigualable valor, como inigualables son sus frutos a posteriori.

El pueblo que interviene en una Constituyente seria nunca más será igual. Estará en mejores condiciones de repeler las agresiones del poder establecido, apegándose de modo más decidido a la soberanía colectiva y a leyes que le serán más propias.

Todo ello redundará en beneficio de una convivencia social más sensata que la actual.

Pero el pueblo real no está en la cabeza de este comisionado, que luce retrógada, y de estarlo, le aterrorizaría. Quiere sacarlo como factor principal de la ecuación, quizás por sus vínculos, aspiraciones políticos o por su formación.

El pueblo, señor, no es un abstracto teórico-académico. Es el que padece las estructuras actuales; pero aun así, aunque no es el único, es el principal actor y el creador de la historia que vivimos, destinatario del poder y dueño del mismo.

Desvíos como este desvirtuarían las reformas y convertirían en ficción la democracia y la soberanía que ofrecen, reforzando el actual status quo. Hay que pensar como Carlos Andrés Pérez para expresarse como él. La Constituyente no es un proceso hipnótico y cataléptico.

Es un proceso político-didáctico, pedagógico y catártico, democrático y fundamental para la estructuración y vida de los pueblos modernos.