En cumplimiento de lo que disponen los Artículos 248, 249 y 250 de la nueva Constitución de la República, la Cámara de Diputados ha dado inicio al proceso para seleccionar a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas.

El Artículo 248 de la Carta Magna define a esta institución como “el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”.

Desde su inclusión en la primera Constitución de la República en 1844, hasta el día de hoy, la Cámara de Cuentas ha ejercido de manera limitada las funciones que le dieron origen y pese al  desarrollo de varios procesos de reforma y fortalecimiento, aún no se ha logrado que juegue el rol que tiene que desempeñar en la fiscalización y control  del buen uso y aplicación de los fondos públicos.

En el año 2007 la Cámara de Cuentas sufrió una crisis institucional, que afectó mucho su credibilidad, debido a que sus miembros adoptaron decisiones sobre los recursos de la entidad que contravenían sus propias funciones y responsabilidades.

En los últimos tres años el nuevo pleno designado por el Senado a finales de 2007, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho esfuerzos importantes tratando de reencauzar este órgano fiscalizador, pero todavía queda un gran camino por recorrer en este sentido.

Generalmente, la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas se ha realizado en función de decisiones puramente políticas partidistas y condicionadas por la cultura de repartición y distribución de los cargos públicos por las fuerzas políticas que influyen en el Poder Ejecutivo y en el Congreso.

Esto ha tenido como resultado la escogencia de personas sin condiciones morales, técnicas ni profesionales para desempeñarse como guardianes del uso pulcro, eficiente y eficaz de los fondos públicos.

La corrupción  y la malversación de los recursos del Estado es hoy una de las principales plagas que afecta a la sociedad dominicana. El Estado ha sido capturado por una clase política cuyo único fin es la toma del poder político para orientar en su provecho y de los grupos que financian sus campañas, el potencial económico y financiero del Gobierno.

Para evitar que se imponga la visión clientelista y utilitarista que prima en la mayor parte de los integrantes del Congreso, a la que muy poco le interesa el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, es necesario que las diferentes instancias sociales que aspiran a una sociedad decente pongan en tensión todas sus fuerzas para que se conforme una Cámara de Cuentas compuesta por personas que hayan demostrado durante su vida que están comprometidas con la honestidad, la moral, la responsabilidad y la institucionalización del país.

La Cámara de Cuentas que le hace falta al país debe estar orientada a servir de freno y contrapeso a la avasallante corrupción administrativa que arropa al país. Para lograr esto, es necesario que estemos vigilantes para que no se designe en este órgano a  correligionarios políticos, cómplices y adláteres que se conviertan en facilitadores del acelerado proceso de depredación del erario que sufrimos.

En su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, el presidente Leonel Fernández incluyó la transparencia en el manejo de los fondos públicos como una de las tres áreas en que el Gobierno tiene que mejorar su actuación.

Recientemente la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) ha hecho un mea culpa sobre la impunidad y la falta de castigo para los actos de dolo contra los fondos públicos.

Si los senadores y diputados quieren contribuir a cambiar esta situación, tienen la oportunidad para reivindicar su rol de representantes del pueblo, empeñándose en escoger para la  Cámara de Cuentas  a hombres y mujeres que cumplan con el espíritu de lo dice el Artículo 249, gente de reconocida y probada solvencia ética y moral, con capacidad profesional y conocimiento de la problemática fiscal, financiera y administrativa del Estado.  

Ha sido la ausencia de órganos de control y fiscalización fuertes, independientes y técnicamente capacitados lo que ha creado un terreno fértil para que en los últimos 10 años en el país se hayan malversado más de 104 mil millones de pesos en casos de corrupción, de los que el  95 por ciento  han quedado impunes.

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Transparencia

Considero oportuno recordar las reflexiones de Luis Ugalde, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Políticas del   Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y profesor visitante de la Universidad de Harvard, quien afirma que para elevar  la eficacia y eficiencia del Gobierno se requiere diseñar un mecanismo de rendimiento de cuentas en dos vertientes: 1ero. “promover la transparencia de las instituciones del Gobierno” mediante el establecimiento de incentivos adecuados para limitar el oportunismo de los agentes políticos y mejorar los sistemas de supervisión y sanción, y 2do.  “que la sociedad en su conjunto se involucre en el sistema de rendición de cuentas y asuma parte del costo de su operación”.

El Congreso Nacional tiene la oportunidad de dejar de lado sus apetencias e intereses políticos para contribuir a la conformación de  un verdadero y funcional órgano de “control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado” tal y como lo establecieron en nuestra flamante nueva Constitución. 

Con esto limitaríamos las posibilidades de que empresas, grupos de presión, ciudadanos, funcionarios públicos y políticos inescrupulosos, aprovechen el Estado para maximizar sus ingresos ilegales, su poder y sus riquezas a través de la corrupción.