FABIO R. HERRERA-MINIÑO
La trampa establecida por los artífices de ley 112-00, para engordar alegremente al fisco en perjuicio de la población, fue la habilidad para establecer la paridad de los precios de los combustibles, basándose en un precio inflado del barril de petróleo, coincidentes con sus variaciones semanales. De esa manera, mantienen en vilo a la población, que cada día ve cómo su economía se achica y el fisco se abomba de tantos recursos que recibe para sus subvenciones y programas sociales.

Aquí todos sabemos que no se importan semanalmente miles de barriles de combustibles. A veces podrían llegar mensualmente cinco o seis tanqueros repletos de petróleo o sus derivados, que abastecen la creciente demanda nacional. Así mismo, el país adquiere el petróleo a precios muy por debajo a los que se cotizan mundialmente, aparte de las favorables condiciones que se obtienen por el acuerdo de Petrocaribe con el gobierno venezolano. Es decir, los ideólogos de la ley 112-00 la prepararon para engañar al pueblo, que ya acepta tranquilamente las alzas semanales de los precios y máxime que ya se mantiene el costo de los US$100 el barril.

No hay dudas que el fisco ha engordado extraordinariamente, por la forma de cómo la ley de combustibles fue elaborada, que con toda la mala fe del mundo estuvo en todo momento ideada para aportarle cuantiosos ingresos al gobierno de turno. A estos no les interesa modificar la ley, máxime cuando el aumento actual de ingresos, por tales conceptos, resulta increíble. De ahí la generosidad con que se les otorgan ventajas a los dueños del país para su gas oil y mantienen el subsidio para la tarifa eléctrica; en fin, que se contribuye a distribuir parte de esos beneficios, hasta alcanzar para las ONG de los políticos, aparte de los elevados sueldos que se estilan en las áreas donde se brega con combustibles, energía, etc.

La Ley 112-00 debe revisarse y ajustarse a la verdad del mercado local, en cuanto a la frecuencia de compra de petróleo. No establecer que, por la forma como se aplica, da a entender que aquí hay una continua importación, por lo que los precios de compra no son reales a los que debe pagar Refidomsa, generadores eléctricos o las distribuidoras internacionales de combustibles establecidas en el país.

Ahora es la oportunidad, en medio de esta candente temporada electoral, proceder, con seriedad y honestidad a revisar la ley de marras y ajustar los precios como se debe en cuanto a la frecuencia de importación, con precios reales que se pagan en el mercado, para así traspasarle al consumidor parte de algunos de los beneficios que recibe el gobierno por el acuerdo con Venezuela.