Radio Caracas Televisión, el canal de TV privado más popular de Venezuela, dejó de transmitir el domingo, después que el gobierno del presidente Hugo Chávez decidiera no renovar una concesión de 20 años que expiró.

El cierre limita la libertad de expresión y refleja el enfoque arbitrario y autoritario que ha venido caracterizando el gobierno de Chávez. En una región donde los medios se han estado haciendo más abiertos en años recientes, después del periodo oscuro de los gobiernos militares de los años de 1970 y 1980, este es un paso atrás preocupante.

Es cierto que RCTV contribuyó a su propia desaparición. Las telenovelas de la estación puede que hayan sido muy disfrutadas, pero sus planteamientos fueron con frecuencia partidarios.

Chávez ha alegado frecuentemente que los propietarios del canal respaldaron el golpe militar que interrumpió brevemente el gobierno constitucional hace cinco años. Es verdaderamente cierto que sus transmisiones contribuyeron en no escasa medida a la polarización de la política del país.

Hasta José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos ha considerado necesario señalar que las acusaciones del gobierno de estímulo al golpe no deben ser tomadas a la ligera.

No obstante, el lugar para procesar estas acusaciones es el sistema judicial. En contraste, el proceso mediante el cual a RCTV le ha sido negada la licencia ha sido opaco. No parece que se hay producido un escrutinio independiente de las pruebas, ni una oportunidad para que el canal se defienda. Chávez anunció en diciembre que el canal iba a perder su licencia y solo desde entonces los funcionarios parecen haber estado armando su caso.

Además, la decisión ha estado acompañada de varios sucesos. Venezuela es uno de los pocos países de América latina en convertir la “falta de respeto” hacia el gobierno en un delito (la mayor parte de la región se desplaza en la dirección opuesta).

Su ley de “responsabilidad social” para los medios contiene cláusulas sobre el orden público, vagamente redactadas, que podrían dejar a los dueños de medios y reporteros abiertos a un proceso judicial. Y no sorprende que los medios privados digan que ya ellos están practicando la autocensura.

Chávez y sus ministros alegan que están estimulando nuevos medios, desde las estaciones de radio comunitarias hasta un canal de servicio público que reemplaza a RCTV. Sin embargo, es probable que  estas estaciones que dependan grandemente del financiamiento del gobierno, directa o indirectamente, para la publicidad.

Si el líder de Venezuela realmente está a favor de la democratización de los medios, cerrar arbitrariamente a sus críticos no es la mejor manera de lograrlo.

VERSION IVAN PEREZ CARRION