La Ley General de Migración No. 285-04 y su Reglamento No. 631-11 para la aplicación de la misma, han sido objeto de acres discusiones, en donde, tanto los defensores como los que objetan parte de las mismas, han incurrido en posiciones extremas que han profundizado y exacerbado sus posiciones, lo cual ha impedido que haya habido una avenencia serena en la aplicación de ambos textos legales.

Aunque no se haya querido reconocer implícitamente, estos textos legales afectan en su casi totalidad a los ciudadanos haitianos que se encuentran ilegalmente en nuestro país, los cuales se dedican en su mayoría al sector de la construcción y a la agropecuaria.  Por esto último fue que la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), invitó al Director General de Migración, doctor José Ricardo Taveras, a un encuentro para deliberar sobre los múltiples aspectos y situaciones conflictivas que se presentan y tratar de buscar soluciones pragmáticas para el buen desenvolvimiento del sector agropecuario, que debemos admitir, depende casi totalmente de esa mano de obra.

La reunión se llevó a cabo en el salón de conferencias de la JAD el 31 de mayo en donde además participó el presidente de la Asociación de la Construcción, a quien le recriminaron el poco caso que ese sector le había prestado a ambos textos.  Sin embargo, elogió al sector agropecuario por el empeño en tratar de regularizar la situación de los obreros extranjeros en las labores agrícolas y pecuarias, especialmente los esfuerzos desplegados por los bananeros para legalizar a los trabajadores haitianos que laboran en Manzanillo.

Debemos recordar que en el año 2005, sobre el recurso de inconstitucionalidad incoado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ésta estatuyó que la Ley de Migración y su Reglamento no son  contrarios a la Constitución ni a las convenciones y tratados invocados por los impetrantes. Además, se pronunció en el sentido de que una persona en condición de ilegal no puede tener un hijo con estatus legal. Lo que debemos rechazar por intromisión en nuestros asuntos internos es la declaración del ex ministro Edwin Paraison, quien pretendió señalarle al Estado Dominicano que Haití no fue notificado sobre las medidas de migración y que al mismo tiempo debió propiciar una campaña mediática en creole para que los inmigrantes haitianos tuvieran conocimiento de una ley y un reglamento que según nuestra Constitución entra en vigor y se reputa de público conocimiento después de su publicación en el territorio nacional.  Sería por tanto obligación, tanto de la Embajada de Haití, como de sus consulados en el país,  hacer circular el texto, tanto en francés como en creole, ya que nuestro idioma oficial es el castellano.

En cuanto al nacimiento en nuestro territorio, el Reglamento en su artículo 36 es bien claro. La Constancia de Nacimiento se le expedirá de manera oficial al interesado y otro de los originales será enviado a la embajada o legación de su país de origen por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo asienten y le expidan el acta de nacimiento al hijo de su nacional. La Oficialía del Estado Civil competente expide una constancia de nacimiento de color rosado en la jurisdicción territorial del Centro de Salud donde se haya producido el parto.  Si no fue en un centro de salud, es obligación del Alcalde y el Ministerio Público territorialmente competente diligenciar la inscripción del registro.

Ahora bien, los que han querido pescar en río revuelto son las autoridades haitianas. Nosotros fuimos al Consulado en Santo Domingo y en francés preguntamos: ¿Qué se necesita para sacarle un pasaporte a un trabajador haitiano?  Respuesta:  Acta de nacimiento bien legible; 2 fotocopias, 4 fotografías con fondo blanco y US$80.00.  Cuando llegamos con nuestro trabajador, el representante del Consulado se enfrascó en una conversación en creole para que nosotros no entendiéramos, a la vez que hacía gestos como de que hacía falta otra legalización, de lo contrario “la mordida”.  Por supuesto, lo mandamos al “carajo” en francés.

Aplaudimos que las escuelas permitan a los hijos de indocumentados inscribirse en las aulas, ya que ellos no son culpables de los hechos de sus padres.  Además, contar con un mayor número de analfabetos es conspirar en el futuro contra nosotros mismos. Por eso, nos regocijamos con las facilidades que nos otorgó el Dr. Taveras, en el sentido de que se les notifique por escrito a la D.G.M. el nombre o nombres de las personas que se están tratando de legalizar, pero para eso se necesita, que tanto la Embajada de Haití como sus consulados, cooperen para llevar la tranquilidad a sus conciudadanos, sin querer sacar ventaja por el revuelo internacional que el tema ha causado.