El consumo excesivo, irresponsable, con graves perjuicios a quienes en él incurren, y a personas de sus cercanías y hasta a la sociedad en general, es elevado en República Dominicana y son pocas las restricciones y programas para reducirlo. De alguna manera hay que comenzar a hacerlo. Cifras del Ministerio del Interior establecen una alarmante relación entre los crímenes que ocurren en la noche, con uso de armas de fuego, y los negocios de ventas de bebidas. Se da además en este medio una tolerancia total a la ingesta ruidosa y trastornadora en espacios públicos, hasta muy entrada la madrugada. Los niños dominicanos reciben por doquier imágenes de demasiada aceptación social a consumos excesivos y dañinos. La cultura de la bebedera inmoderada va a extenderse a los relevos generacionales si no se hace algo pronto para evitarlo.
La propuesta de regulación al expendio de bebidas contenida en un anteproyecto de Interior y Policía merece acogida. Sus detalles deben discutirse en vistas públicas. Algunos aspectos tendrían que ser flexibilizados en cuanto a las horas tope para que los centros permanezcan abiertos en función de sus características y el comportamiento habitual de los públicos que los frecuenten. Pero bajo ningún concepto se debe permitir que colmadones y bares invadan entornos, generen ruidos contaminantes y sean frecuentes escenarios de riñas.
¡Oh! ¿Es que nos quedamos atrás?
Una encuesta hemisférica de la bien conocida entidad Latinobarómetro coloca a los dominicanos como los latinoamericanos que más creen que el resto del mundo va mejor que su propios país y por tanto son los que más quisieran emigrar. Una percepción tan extendida debe ser para el gobierno una señal de alarma, pues no existe todavía en esta tierra un sentido generalizado de pertenencia a un verdadero proyecto de nación. La gente no solo se queja de lo mal que se anda en muchos aspectos. Les frustra además el no ver con claridad las posibilidades de que echaremos palante. Pura consigna politiquera.
La desilusión de tantos ciudadanos equivale a un veredicto contra los partidos políticos que han tenido el poder o cuotas importantes de poder en los últimos 30 años. Han fracasado en llevarle confianza al pueblo por no dar continuidad a buenas causas y por la pobreza de sus ejecutorias. Sin embargo, el Estado les ha servido de rico botín.