La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), sugirió que la actual reforma fiscal propuesta por el presidente Danilo Medina, penalice, por medio de una ley, el enriquecimiento público no justificado “y que se cobre efectivamente el impuesto sobre las diferencias patrimoniales no justificadas”.

También estuvo de acuerdo con la penalización del enriquecimiento privado, al tiempo que consideró que la propuesta de reforma fiscal sugerida por el Gobierno al Consejo Económico y Social (CES), carece de equidad y racionalidad, aduciendo que  la mayor carga recae en los asalariados, la clase media, los pequeños empresarios y sectores de menores ingresos.

Rosa Dinorah Peña Acosta, presidenta de la entidad comercial, recordó que desde el año 2006 la Fenacerd viene propugnando porque en el país se firme un Pacto Económico y Social  que garantice el crecimiento de los sectores productivos con equidad y desarrollo humano.

“La propuesta de la Fenacerd 2006, emanada de su Segundo Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios, denominado TLC (Transformación, Liderazgo y Competitividad), hacía énfasis en un pacto fiscal de donde se derive una reforma fiscal integral, enfocada en cuatro pilares: Eficientizar la calidad del gasto público, ampliar la base impositiva  y revisar tanto los activos como los pasivos del Estado para garantizar la sostenibilidad fiscal, conjuntamente con el desarrollo de los programas sociales”, dijo.

Sostuvo que también debe otorgarse una amnistía fiscal para las personas físicas y jurídicas con la finalidad de que transparenten su situación con el fisco. 

Sostuvo que la Fenacerd propone la creación de una tasa de Impuesto Sobre la Renta  de un 10% para las Pymes y que se establezca una tasa diferenciada de un 8% en el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para bajarlo de un 16% a un 13%.

“Que se cree un  sistema de retención del impuesto para los micros empresarios, en las fuentes de los proveedores de bienes y prestadores de servicios, además de crear la figura jurídica del Defensor del Contribuyente para que sirva de enlace entre la administración tributaria y los contribuyentes”, precisó Peña Acosta, a través de una nota de prensa.

Además puntualizó que la propuesta de reforma fiscal debe establecer el monto y el destino de los gastos del Estado.

También pidió que las discusiones que se llevan a cabo en el Consejo Económico y Social sean ampliadas e incluyan todos los sectores de la vida nacional.

“Después de analizar cuidadosamente el contenido de la Propuesta  del gobierno en materia tributaria y ante la grave situación económica que vive el país, entendemos como una oportunidad histórica”, indicó.