ESPINAL, Colombia (AP) _ Durante 25 años, Víctor Murillo ha cultivado arroz en un terreno de dos hectáreas en la franja agrícola del centro de Colombia. Pero ahora que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos amenaza su sustento, está tentado a cambiarse a un nuevo producto: el arbusto de coca, origen de la cocaína. «Qué nos queda cuando todo lo duro que ha trabajado es destruido de un día para otro’’, dijo el agricultor de 50 años mientras observaba la cosecha de uno de sus campos.

El acuerdo bilateral será el más amplio de Washington en el hemisferio occidental desde que se suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en 1994. El texto de lo acordado aún no se publica, pero fue firmado en febrero y debe ser ratificado por los congresos de cada país antes de que entre en vigor el año entrante.

Similar a otros ocho acuerdos comerciales en la región, el pacto provee acceso libre de aranceles inmediato para todos, excepto una mínima fracción, de los bienes intercambiados entre los países, que representan un intercambio de 14.300 millones de dólares anuales.

El presidente Alvaro Uribe, un enérgico aliado de Washington en Sudamérica, afirma que el tratado impulsará las exportaciones colombianas en un 10%, abrirá las puertas a una bonanza de inversión extranjera y creará 380.000 nuevos empleos, todo en unos cuantos años.

Pero aun si esas optimistas metas se alcanzan, no todos los beneficios serán repartidos equitativamente. Lo mismo es cierto para el acuerdo firmado con Perú firmado este mes y para los suscritos con Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y la República Dominicana.

Los 28.000 arroceros colombianos _así como los cultivadores de maíz, cereales y pollo_ dicen que el acuerdo comercial los barrerá del mercado.

Eso se debe a que, como todos los granjeros, luchan por la subsistencia a duras penas mientras sus colegas estadounidenses reciben jugosos subsidios gubernamentales.

Para aminorar el impacto, las barreras arancelarias para los productos agrícolas sensibles serán removidas gradualmente en los próximos 12 a 19 años. Aun así, en el primer año, Colombia importará una cuota de 79.000 toneladas de arroz, que equivale al 6% de la producción local, y a partir de ahí la cuota aumentará un 4,5% anual.

En el corto plazo, una temida oleada de importaciones baratas deprimirán los precios que los agricultores colombianos reciben hasta en un 30%, estimó el gerente general de la Gremial de Arroceros de Colombia, Rafael Hernández.

Pero una mayor preocupación es lo que pasará si los granjeros, incapaces de competir, cambian sus cultivos a otros ilegales, como la coca o la amapola, que da origen a la heroína. Especialmente en el Meta, un departamento con vastos sembradíos de arroz, en donde la coca también crece a la par. «Si el gobierno no ayuda a los agricultores, los traficantes de drogas lo harán’’, dijo Hernández.

Los negociadores colombianos esgrimieron el mismo argumento en las pláticas en busca de concesiones de sus contrapartes estadounidenses.

Específicamente, querían que el gobierno de George W. Bush desembolsara fondos adicionales para programas de desarrollo económico alternativo que actualmente comprometen el 20% de los 700 millones de dólares que el país recibe cada año como parte del plan Colombia, la iniciativa binacional de lucha antinarcóticos.

Pero la respuesta fue siempre la misma: negocios son negocios.

«No les importó que Colombia sea el más grande productor mundial de cocaína’’, dijo el ex ministro de agricultura Gustavo Cano, que participó en las primeras rondas de negociación del acuerdo.

A cambio de firmar un acuerdo que consideraban injusto, Cano y otros cuatro negociadores colombianos renunciaron el año pasado.

«Había unas líneas rojas que no estaba preparado para cruzar’’, dijo Cano, ahora miembro de la directiva del banco central de Colombia.

Irónicamente, Colombia ya disfrutaba de beneficios arancelarios en Estados Unidos bajo el Acta Andina de Preferencias Comerciales y Erradicación de Drogas. Pero esos beneficios caducan el 31 de diciembre y el gobierno de Estados Unidos, para incrementar la presión durante las negociaciones, advirtió que no serían renovadas.

Uribe, que aspira a la reelección en las elecciones del 28 de mayo, trata de presentar el acuerdo como un gran logro de política exterior.

Pero Cano, que se considera a sí mismo un impulsor del libre comercio, dijo que la prisa en firmar el acuerdo fue un «error grave’’. Sus preocupaciones tienen eco en las organizaciones que abogan por la lucha contra la pobreza y en varios economistas, entre ellos el premio Nóbel Joseph Stiglitz.

La preocupación es que liberalizando el comercio, Colombia puede ver una repetición de lo que ocurrió en la década del 90, cuando la producción de coca se disparó.

Aunque es difícil hallar un vínculo directo, la apertura comercial de la década pasada, a la que se atribuyó dejar a cientos de miles de trabajadores rurales desempleados, coincidió con la triplicación de la producción de coca.

«Cada vez que el sector agrícola se debilita, los cultivos ilegales se fortalecen’’, dijo Cano.

Otros dudan de ese escenario catastrófico.

Sectores como el de los textiles aspiran a obtener ganancias que les permita alcanzar a los exportadores mexicanos con quienes, antes de que suscribieran el NAFTA, competían cara a cara.

«Algunas industrias tendrán un difícil período de ajustes, pero el efecto final será la creación de más empleos, más inversión y más crecimiento económico. De otra manera no hubiéramos buscado un acuerdo comercial’’, afirmó el jefe de negociadores colombianos, Hernando Gómez.

No cabe duda de que el corazón del problema de drogas en Colombia es la gran masa de campesinos pobres y desempleados.

Gómez afirmó que los trabajadores rurales deberían beneficiarse de ver víveres más baratos, maquinaria que incremente la producción en los cambios así como en la oportunidad de exportar un amplio margen de cultivos como mangos y otras frutas exóticas.

Para facilitar la conversión, el gobierno planea proveer préstamos subsidiados a los granjeros.

Pero la revelación de ayuda a granjeros colombianos por unos 220 millones de dólares anuales, según Gómez, será una miseria en comparación a lo de los 17.000 millones que reciben los estadounidenses en subsidios gubernamentales, una asimetría que quedará sellada como resultado del acuerdo.

Y aún los promotores del acuerdo comercial reconocen que Colombia tendrá que ser un prodigioso administrador para que esos limitados fondos sirvan para llenar las nobles expectativas de Uribe.

«El libre comercio no es una panacea; para que Colombia se beneficie completamente de este tratado será necesario acompañarlo con un sólido paquete de políticas económicas que impulsen la competitividad’’, dijo Jeffrey Schott, un analista del Instituto para Economía Internacional con sede en Washington.