En la urbanización El Dorado, de Villa Mella, inmancablemente, tres veces a la semana aparecen quienes hurtan todo el tendido del servicio de televisión por cable; casos estos que delatan una vez más, y vergonzosamente, lo incapaces que son las autoridades frente al extendido vandalismo que quita de sitio cualquier objeto metálico que se encuentre al aire libre en este país. Alarma aún más escuchar que digan por ahí que el pillaje de los «comecobre» y «comealuminio» y «comeacero» es estimulado por grandes negocios que operan abiertamente y que cada semana auspician embarques por la avenida del Puerto y otros puertos marítimos.

Las tres cuartas partes de los metales que han desaparecido de viejos ingenios ya hicieron travesía hacia el exterior. Por ahí se ha ido también una cantidad extraordinaria de objetos robados vulgarmente e, incluso, con gran ofensa moral para la sociedad, puesto que los ladrones, después de haber barrido con numerosas tarjas conmemorativas de plazas y avenidas, insultando incluso a Duarte, a Sánchez y a Mella, están haciendo desaparecer las lápidas de los cementerios cuando contienen letras de bronce. ¿Por qué se permite tan impunemente que con la excusa de un comercio de chatarras se perjudique sensiblemente a la sociedad? Miles y miles de tapas de alcantarillas fueron sustraídas del pavimento de las calles y de las aceras en los últimos tiempos lo que ha generalizado el peligro para transeúntes y automovilistas.

Esquema fallido

Organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo fueron los que en decenios pasados comenzaron a propiciar una pretendida «descentralización» del Estado creando por ley entidades que deberían funcionar con autonomía respecto del poder político centralizado y habitualmente influido por el partidarismo. Se aspiraba a que se desarrollaran como novísimas instituciones desligadas de los vaivenes cuatrienales, sin la contaminación del clientelismo. Eso no cuajó y para corroborar esta impresión solo hay que echar una mirada sobre las auditorías que revelan la forma en que fue administrado hasta hace poco el sistema de puertos dominicanos regido por lo que coloquialmente llaman la Portuaria. El caciquismo político hizo y deshizo allí en cuanto a dispendiar. Y si todavía cabe una duda. También se podría averiguar cuántos miles y miles de empleados de más existen en la entidad, la que a pesar de que tiene sus propios mecanismos de recaudación e impone fuertes cobros por servicios prestados a las navieras e importadores, sus deudas con particulares son inmensas y sobrevive en situación deficitaria. Ahora no hay más remedio que abogar por transparencia extrema en todo el Estado a ver lo que se evita.

Intereses irreconciliables

Algunos buenos sueños se diluyen en este país bajo el embate de contradicciones que a veces parten de lo estrictamente personal o del sectarismo partidario o porque el afán de grupos por predominar arruina proyectos que deben basarse en la cooperación colectiva, fértil y productiva. Las banderías políticas han querido con tanto fervor que la figura del «Defensor del Pueblo» les quede reservada para entonces disponer de cargos de jugosos sueldos, que por años ha sido imposible lograr que el proceso de selección camine. El inicio de la aplicación del Seguro Familiar de Salud lleva cuatro años esperando, mientras médicos, patronos y sindicalistas viven en discordia, cada uno halando para su lado en el proceso de darle una configuración definitiva al proyecto cuya ejecución es vital para millones de dominicanos. Se augura que las pretensiones de sectores de poder económico de no ser tocados por una reforma tributaria van a impedir por largo tiempo la reforma «neutra» a que aspira el Fondo Monetario Internacional. Es decir: que la reducción o eliminación de aranceles sea compensada, simplemente, con el traslado de gravámenes a otros ámbitos de la vida económica. Nadie querrá cargar siquiera con una parte de los nuevos tributos mientras el país aguarda con desesperación algún consenso para modernizarse.