El Ministerio Público inició este lunes la lectura de la acusación en contra de la diputada por Rosa Amalia Pilarte, acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier.

En la audiencia, el órgano acusador presenta la supuesta estrategia utilizada por la imputada para introducir alta suma de dinero al sistema financiera mediante varias empresas creadas para ocultar su origen ilícito.

El MP solicita enviar a juicio a la legisladora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) e imponer medidas de coerción consistente en una garantía económica.

Acusación contra Rosa Pilarte

Según la instancia del Ministerio Público, Rosa Pilarte se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y “no puede justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero”.

Resalta que el máximo salario que ha tenido la imputada por su trabajo de odontóloga en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es de $36,120. También percibe RD$30,000 a través de la compañía Servi Crédito Gloria Ivette, empresa fachada en la que figuran como accionistas López Florencio y el hijo de ambos, Miguel Arturo López Pilarte, también imputado por este caso.

En la calificación jurídica preliminar, el MP le atribuye a la diputada Rosa Amalia Pilarte López violación a la Ley 155-17, Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, en el artículo 3, numerales 1, 2 y 3, y los artículos 6 y 9, numerales 1 y 2. También los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la Ley 72-02, Sobre Lavado de Activos, modificada por la 155-17.

Le imputa infringir la Ley 11-92, Sobre Régimen Tributario, en los artículos 10 y 11, literal B; el 204, numeral 1, y 222, numerales 4 y 6, así como los artículos del 232 al 236 y el 237, numeral 1. Continúa con el 238, numerales 2, 3 y 4, y el 239, párrafo III, numeral 2.

Finalmente, la acusa de violar la Ley Monetaria y Financiera (183-02), en el artículo 3 y el 68, numerales 1 y 10; el 70, literal A, numeral 1, y el 86, literal A.

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