Por Tania Hidalgo
Mañana comienza en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional  el juicio preliminar contra Pedro Castillo, ex presidente del Grupo Progreso, quien está acusado por la Fiscalía del Distrito Nacional y la misma entidad que presidía, de un presunto fraude de 14,000 millones de pesos que provocó su destitución el 31 de octubre de 2005.

El Grupo del Progreso se querelló contra Castillo el 9 de febrero de 2006. A partir de esa fecha, se desataron varias querellas y acusaciones mutuas. Anteriormente, Pedro E. Castillo había presentado una demanda laboral por 700 millones de pesos, alegando un “despido injustificado”, que la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional desestimó más tarde.

Desde principios de 2006 comenzó una investigación   de la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía del Distrito Nacional, la cual culminó el 3 de abril de 2007, cuando la Fiscalía depositó un grueso expediente, en el que se acusa al ex ejecutivo bancario de violar las leyes de Mercado de Valores, Monetaria y Financiera y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, además de abuso de confianza, robo agravado y estafa.

En la demanda figuran además de Castillo, entidades vinculadas a él, como Carlow Ventures Inc., Linx Aviation S.A., Gaviota del Sol S.A., Tenedora Pelícano S.A., Palmyra S.A., Inmobiliaria Mercas S.A., Olmist S.A., Sociedad Costera Castiplan S.A., Runskin S.A., Karamsar S.A., Kalipso Investments y Oakhill Ventures S.A.

CRONOLOGIA DE LOS HECHOS

El 20 de abril de 2000, Pedro E. Castillo fue designado presidente del Grupo Progreso y el Banco del Progreso. En el acta  firmada por el Consejo de Directores  consta que a Castillo se le atribuyeron a partir de ese momento amplios poderes.

En septiembre de 2005, la auditoria que la firma KPMG le realizó a esa entidad, reportaba que “según los estados financieros auditados de los años 2000 al 2004 los resultados operacionales del Banco registran utilidades, sin embargo, tras revelarse los mecanismos contables fraudulentos descritos anteriormente, se revierten los resultados, arrojando pérdidas en vez de ganancias”, según consta en el Resumen Ejecutivo del Informe Pericial sobre la situación financiera del Banco Dominicano del Progreso S.A.

El escándalo fue puesto en conocimiento de las autoridades de Superintendencia de Bancos y poco después, las instituciones del grupo Progreso fueron objeto de varias auditorias: la de la firma externa KPMG, la de la misma Superintendencia de Bancos y la de la Superintendencia de Valores, entre otras. Los resultados de todas las pesquisas arrojaron cifras semejantes.

Declaraciones tomadas a funcionarios vinculados al señor Castillo, así como la revisión de documentos y correos electrónicos, determinaron que acciones de Xiomara Barreras, Wendy Serrallés e Ismael González cuestionadas por los auditores, fueron realizadas por instrucciones de   Castillo.

Según el reporte de los peritos, estos funcionarios eran instruidos para manipular el índice de solvencia del Banco, de modo que se ocultara la deficiencia patrimonial existente. Además, se alteraban los sistemas de información para que se perdieran los rastros de las operaciones en la cartera de tarjetas de crédito y las cancelaciones de depósitos de los clientes y los registros de créditos y contingencias se consignaban fuera del libro oficial.

En un interrogatorio de la Fiscalía a Wendy Serrallés, ésta confesó que Castillo le ordenó en varias ocasiones poner fechas retroactivas a los documentos con el propósito de dar soporte a las transacciones fraudulentas. Las auditorias dictaminaron, apoyadas en documentos consultados, que “la mayoría de los esquemas se diseñaron y pusieron en vigencia bajo la aprobación del ex presidente del Banco, el señor Castillo”•

El informe pericial sobre la situación financiera del Banco del Progreso fue preparado como conclusión de la investigación realizada por los peritos de la Superintendencia de Bancos Luis Ramón Ogando Rojas, Gladys Martínez y Ramón Alejandro Rosario García a solicitud de la Fiscalía. En él, aseguraron que “por la forma en que eran tomados (los fondos por Castillo) no constituían créditos porque no eran debidamente autorizados ni formalizados, no generaban intereses, su capital no era amortizado y no contaban con garantías”.

Los peritos también indicaron en su informe que al cierre del año 2004, el balance final de activos falsos había ascendido a RD$2,456,964,64. En declaraciones tomadas a Ismael González, quien ocupaba el cargo de Vicepresidente de Finanzas del Grupo Progreso, éste aseguró que Castillo le instruyó verbalmente, a él y a la señora Serrallés, para que realizaran transacciones operativas con la finalidad de que el banco no reflejara pérdidas en sus estados financieros.

González dijo que a partir del año 2000, Castillo Lefeld ordenaba al Departamento de Contabilidad del Banco que se afectaran las cuentas corrientes del Grupo Progreso mediante notas de débito y de crédito, acumulando una deuda de RD$2,488,321,531 a octubre de 2005, la cual no se registró en los libros.

Así sucedió con pagos ascendentes a cerca de dos millones de pesos a la agencia Cabrera Motors por la compra de dos vehículos a través de una “nota del despacho de Pedro Castillo”, que después no fueron registrados como activos fijos.

El Ministerio Público, en el proceso de recaudación de pruebas,  encontró archivos fílmicos grabados por cámaras que el propio Castillo ordenó instalar en el Salón del Consejo del Banco del Progreso, en el cual aparece la imagen y la voz del imputado durante una reunión con Rafael Perelló y Roberto Bonetti, el 18 de octubre de 2005, dos semanas antes de que se descubriera el presunto fraude, asegurando que las obligaciones de esa entidad bancaria eran de RD$2,800 millones, cuando en realidad las auditorias demostraron posteriormente que sobrepasaban los RD$8,000 millones.

En otro de los videos, Castillo da instrucciones y trata de ensayar con tres ejecutivos del Grupo y el Banco, la forma y el contenido de las respuestas que éstos debían dar al Comité de Auditoria del Banco, para tratar de justificar partidas contables irregulares, insistiendo en que la información que se suministrara a este comité no tenía que ser la misma que se suministrara a la Superintendencia de Bancos ni a los auditores externos.

En la acusación que el Grupo Progreso presenta paralelamente al Ministerio Público, se destaca que Pedro Castillo redactaba tres versiones de los estados mensuales del grupo. Una primera con un monto de papeles comerciales mucho menos que el real, el cual era presentado en las reuniones del Consejo de Directores. La segunda versión reflejaba todos los papeles suprimidos en la primera, y finalmente, una tercera versión consolidando ambas.

Las alegadas maniobras del ex presidente del Progreso hicieron que durante el año 2003, el Banco registrara activos e ingresos falsos por valor de RD$1,240,481,733. En 2004, esta cifra ascendía a RD$1,974,062,489 en ingresos falsos y un años después, la cantidad de ingresos falsos registrados fue de RD$1,043,460,993.

De acuerdo con el peritaje, los directivos del Banco del Progreso tuvieron evidencias de que “de acuerdo a la documentación examinada”, se habían realizado trasferencias de recursos desde el Banco y sus compañías afiliadas a favor de Castillo, sus compañías y sus relacionados, por un monto ascendente de 13,5 millones de dólares, además de 74,2 millones de pesos dominicanos.

Con la supuesta sustracción, Castillo adquirió un lujoso penthouse en el piso 12 de la Torre Casablanca, en la avenida Anacaona, en Santo Domingo. Por otro lado, completó la compra de una casa en Vail, Colorado, Estados Unidos, inmuebles en Jarabacoa, vehículos para su esposa, otros bienes de todo tipo y trasferencias a favor de las empresas que él manejaba privadamente.

En septiembre del año 2001, apenas un año después de su nombramiento como Presidente Ejecutivo del Grupo, Castillo adquiría su tercera embarcación, esta vez un yate de 54 pies de eslora por el valor de 1 millón 300 mil dólares, lo que acompañó con la adquisición de los muelles A-27 y A-28 y de los solares Río Mar 14 y Los Mangos  en Casa de Campo. Un helicóptero comprado a través de la sociedad Linx Aviation S.A., hizo que Castillo erogara otros 333,298 dólares adicionales. De igual manera, adquirió un lujoso apartamento en el edificio Grove Tower en Miami, Florida.

Tanto la acusación de la Fiscalía como la del Grupo Progreso, reúne en más de 500 folios las transacciones supuestamente fraudulentas que Pedro E. Castillo realizó a su favor durante los cinco años que ejerció la presidencia del consejo de directores del Banco del Progreso y del Grupo Progreso.