POR TANIA HIDALGO
El fiscal Adjunto de Sosúa, Puerto Plata, Teódulo Ceballos Peñaló, antes de ser herido mortalmente, disparó por lo menos cinco veces un arma de fuego que le había retenido a una señora de esa localidad y con la cual hirió a uno de los oficiales que participaban en la operación.

Así lo informó la comisión especial de la procuraduría General de la República que investigó la muerte del miembro del Ministerio Público.

Asimismo, en su informe, la comisión recomendó el sometimiento a la justicia penal del primer teniente del Ejército Nacional adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Jorge Luis Rivera Herrera, a quien pertenece la ametralladora P90 de donde salió el proyectil que ocasionó la muerte a Ceballos. El joven militar niega que haya utilizado el arma, sin embargo el experticio realizado por los técnicos forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) indica lo contrario, «por lo que recomendamos apoderar la jurisdicción penal competente a los fines de instruir el presente caso».

Asimismo, la comisión recomendó la suspensión de los miembros del Ministerio Público que actuaron en el caso y que sean sometidos a la acción disciplinaria que establece el Estatuto del Ministerio Público, mientras que sugirió que las demás personas que intervinieron en el acontecimiento sean remitidas a sus respectivos organismos para que se les impongan las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder en cada caso.

Los procuradores generales adjuntos que participaron en la operación donde resultó muerto el fiscal son Bolívar Sánchez y Frank Soto, así como el procurador general de la Corte de Puerto Plata y el fiscal de esa demarcación Félix Álvarez y Domingo Belliard, respectivamente.

Las conclusiones del informe fueron leídas, en rueda de prensa, por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien se hizo acompañar de la procuradora adjunta, Gisela Cueto y del procurador general de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa, quienes forman parte de la comisión investigadora. El cuerpo de investigación estuvo integrado además por la procuradora de la Corte de Apelación de Santiago, Vielka Calderón.

La comisión refirió que la pistola con la cual Ceballos hizo los disparos era propiedad de una señora a quien tiempo antes se la había incautado durante un allanamiento porque tenía el permiso vencido, sin embargo no la reportó a las autoridades competentes. Como consecuencia de estos disparos resultó herido el primer teniente Valenzuela.

HECHOS DELICTIVOS

La magistrada Cueto, al ofrecer mayores detalles sobre las pesquisas, refirió que Ceballos llevaba una doble vida y que exhibía de manera simultánea dos caras de una personalidad eminentemente contradictoria.

Señala que de un lado Ceballos se presentaba ante la vecindad sana y ante los medios de comunicación como el valiente defensor a ultranza de los derechos a la salud de la ciudadanía, como luchador que no daba tregua a los narcotraficantes. Por otro, la procuraduría pudo determinar que la misma persona incurría en una serie de hechos delictivos.

En el informe sustentan que pudieron comprobar que Ceballos Peñaló se dedicaba a la extorsión, chantaje y ordenó el asesinato de personas, entre ellas el de un narcotraficante apodado Nonón, que en una ocasión le habría recibido a tiros cuando un día se disponía a allanarle.

Informó que éste, también, ordenó a un tal Popo asesinar a una pareja de esposos ancianos italianos con el propósito de quitarles una residencia que tenían en Puerto Plata, por lo cual prometió entregarle al ejecutor la suma de 150 mil pesos o 30 mil dólares y su vivienda personal ubicada en Sosúa Abajo.

Indicó que Ceballos Peñaló logró convertirse en un terror en Puerto Plata.

También trataba de extorsionar a un hombre que vivió en los Estados Unidos exigiéndole la entrega de 400 mil pesos con el argumento de que se lo daría a los policías de la INTERPOL para evitar que lo apresaran y lo envíen en extradición a esa nación.

Dicen que había varias denuncias en contra de Ceballos por la cual la Procuraduría decidió actuar aunque reconoce que al tratar de cumplir con su deber los comisionados actuaron con negligencia ya que no era ni la hora ni el lugar adecuado para ejecutar la operación.

OTRAS RECOMENDACIONES

La comisión entiende que la Procuraduría debe aumentar los miembros de su departamento de asuntos internos y priorizar la necesidad de crear una policía técnica de investigación judicial que garantice estándares de calidad adecuados en el manejo de las evidencias, escena del suceso y otros tipos de tareas que constituyen la parte más sensible del trabajo del ministerio público.

De igual manera, agrega que el ministerio público debe reformular su política de vigilancia de sus propios miembros, propiciando una investigación oportuna de las denuncias, a fin de evitar casos como el ocurrido.

«El Ministerio Público está herido porque uno de sus miembros está muerto, porque uno no era parte de nosotros ya que daba orden de matar y robar y esa no debe ser la conducta de los hombres y mujeres que cumplen con su deber», precisó con voz entrecortada la magistrada Cueto.

Ceballos Peñaló murió el 23 de noviembre de este año en una clínica de Santiago, luego de que fuera herido en Sosúa, Puerto Plata, por una patrulla que fue a arrestarlo bajo el mando de los procuradores adjuntos Frank Soto y Bolívar Sánchez.

En el expediente reposan grabaciones y documentos con los que se pueden demostrar, según la procuraduría, que el fiscal incurrió en una serie de hechos delictivos.

«Que a nadie se le ocurra pensar que por la gravedad de los cargos por los que hubiera podido ser procesado el doctor Ceballos con evidencias sostenibles, la comisión pretende justificar como merecida su trágica muerte. Si hacemos referencia a este aspecto es sólo para dejar establecida la seriedad de la procuraduría general de la República en el encaminamiento de las persecuciones penales en contra suya», indica la magistrada Cueto.

ADVIERTE AL MINISTERIO PÚBLICO ACTUAR APEGADO A LA LEY

De su lado, el magistrado Jiménez Peña advirtió que la procuraduría general de la República perseguirá de manera inquebrantable y firme a los miembros del Ministerio Público que no actúen apegados a la ley.

«Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que ningún miembro del Ministerio Público se exceda en el ejercicio de sus funciones, pero tampoco que sus funciones sean utilizadas para fines perversos, contrario a la ética y a la moral», precisó.