La Comisión bicameral que tiene a su cargo el estudio del proyecto de reforma fiscal escuchó ayer en la tarde a  representantes de diversos sectores del empresariado que hicieron sus observaciones y objeciones  a diferentes aspectos  del  documento que fue sometido por el Poder Ejecutivo, por considerar que tendría un impacto negativo en la economía del país.

Los primeros en ser escuchados por la comisión de senadores y diputados fueron los representantes de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), cuyo presidente, Enrique Fernández, planteó  que los impuestos a imponer sean divididos en el marbete y la revista vehicular, porque de lo contrario el costo por derecho de circulación, en un solo pago, sería muy elevado y  afectaría la venta de vehículos nuevos, un sector que, dijo, desde el 2007 viene decreciendo.

Recordó que desde hace tres años están vendiendo apenas 20 mil unidades de vehículos nuevos.

Recordó que  de mantenerse la propuesta del Ejecutivo, el adquiriente de un  vehículo cuyo precio es de  un millón de pesos tendrá que pagar 10 mil pesos por la placa.

En tanto,  representantes de la Cervecería Nacional Dominicana y de Brugal y Compañía  pidieron una revisión de los impuestos a  colocar a las bebidas alcohólicas.

Franklin León, de la Cervecería,  dijo esperar que el impuesto a las bebidas permanezca en un 7.5% y no sea llevado a un 10% como contempla el proyecto de reforma, con  el cual el Gobierno busca recaudar alrededor de 47 mil millones de pesos, a fin de iniciar el proceso de consolidación de las finanzas públicas. 

De su lado, Carlos Janariz, del sector de empresas de energía renovable,  abogó para  que no sea   derogado el artículo 12 de la Ley 57-07.

El impacto de daños. De igual manera, en la jornada de ayer en la tarde fue escuchada una representación del Consorcio Energético Punta Cana-Macao.

Roberto Herrera, director ejecutivo del Consorcio, dijo que analizaron los artículos 20 y 21 del proyecto de reforma que tiene que ver con la implementación de nuevos impuestos  al combustible utilizado para la generación eléctrica de los sistemas aislados, el cual no cuenta  con un mecanismo de reembolso como  existe para otros sistemas.

“Nuestra preocupación es el impacto que pudiera tener por el principio de equidad  y  cómo afectaría al sector turismo, porque como ustedes saben los sistemas aislados son los que proveen de energía eléctrica a las áreas de Punta Cana, Bávaro, La Romana, Las Terrenas y Puerto Plata,  entre otras. Lo que queremos es equidad y transparencia en el proceso de reembolso. Si se deja como está, tendríamos que cargar con un 16 por ciento adicional a nuestros costos”, precisó.

Otro sector que acudió ante los legisladores fue la Organización de Empresas Comerciales (OEC).

Al concluir la jornada, pasadas las 6:40 de la tarde,  el presidente del Senado y de la comisión bicameral, Reinaldo Pared Pérez,  no descartó la posibilidad de que se introduzcan  algunas modificaciones o variaciones al proyecto para  atender los reclamos de algunos de los sectores.

Continúan encuentros.  Pared  Pérez informó que hoy  martes  recibirán  alrededor de  15 organizaciones, entre ellas, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), el Movimiento Justicia Fiscal, la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo y la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa).

En horas de la tarde, serán escuchados el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación Dominicana de Zonas Francas,     la Dirección General de Cine, la Asociación de Bancos Comerciales y la Federación de Empresarios y Comerciantes de la Frontera.

La comisión bicameral es integrada además por el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien es su vicepresidente, así como la vicepresidenta del Senado, Cristina Lizardo; los senadores Amílcar Romero, Arístides Victoria Yep, Tommy Galán, Félix Vásquez, Rafael Calderón, y los diputados Lucía Medina, Gustavo Sánchez,  Marino Collante, Rubén Maldonado y Ruddy González, entre otros legisladores.

 El Gobierno tiene interés de que la reforma se apruebe el mes próximo.

Evasión fiscal

La viceministra de Economía, Planificación y Desarrollo Magdalena Lizardo  dijo ayer en el Congreso que lo fundamental de la reforma fiscal es evitar la elusión y la evasión fiscal, sobre la base del respeto a los derechos adquiridos y al sistema jurídico.

 Tras explicar el alcance del proyecto, la funcionaria dijo que corresponde al Congreso armonizar la iniciativa con las necesidades de ingresos del Gobierno.

 Alternativas

Por su lado,  el presidente del Senado y de la comisión bicameral, Reinaldo Pared Pérez, dijo que podría haber alternativas que conduzcan a reformular algunas disposiciones.

Sin embargo, ambos coincidieron en que el presidente Danilo Medina concertó con diferentes sectores contribuyentes una reducción de  RD$7,862 millones del monto original a recaudar contenido en el proyecto de ley.

Lizardo dijo que, en todo caso, corresponderá a las cámaras legislativas la suerte final del proyecto del Poder Ejecutivo.

Dijo que las autoridades se han  impuesto prioridades en materia de gastos e insistió en que es responsabilidad del Congreso armonizar todos los planteamientos con la necesidad de recursos que tiene el Gobierno.

En la explicación del proyecto de ley a los 14 miembros de la comisión bicameral participaron, entre otros técnicos del Poder Ejecutivo, el director  general de Impuestos Internos (DGII), licenciado Guarocuya Féliz; y el director general de Presupuesto, licenciado Luis Reyes.