Brasilia
EFE
El futuro de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está desde hoy en manos de 513 diputados, después de que una comisión parlamentaria decidió que existen razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio con miras a su destitución.
La decisión de la comisión integrada por 65 diputados fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra tras una sesión tensa, que duró casi once horas y reflejó el enconado clima político en que se ha sumergido Brasil, palpable también en la adopción de unas medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso. La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Jovair Arantes, quien reafirmó ayer el contenido de un informe que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político. En su informe, Arantes aceptó que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
En la sesión de ayer, fue escuchado nuevamente el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien volvió a descalificar el informe del instructor y redujo las acusaciones a meras “faltas» administrativas, que no bastarían para una destitución. Según Cardozo, el proceso “está viciado”, es “nulo” y viola “el derecho a la debida defensa”, por la inclusión en el informe de asuntos vinculados a las corruptelas de Petrobras, ajenas a la acusación.