La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción Administrativa firmó ayer  dos convenios de colaboración con la Procuraduría General de la República  y el Instituto de Administración y Pública para capacitar a los funcionarios y empleados públicos en la prevención de la corrupción y en la implementación  de la ética pública.

El propósito es desarrollar programas conjuntos de difusión de los valores éticos y morales para evitar que los recursos del Estado sean mal utilizados.

El programa responde el proyecto de vinculación con distintas instituciones públicas y privadas para sensibilizar  y capacitar a los actores sociales  sobre la importancia de vivir los valores éticos.

Tanto la Procuraduría como el Instituto de Administración Pública se comprometieron a fomentar el Régimen Ético del Servidor Público a lo interno de los centros de corrección y Rehabilitación en lo que respecta al programa de formación y en las demás instituciones del Estado.

Firmaron los convenios Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Ética, por la procuraduría  Radhamés Jiménez Peña y por el Instituto Roberto Obando Prestol.