POR PEDRO GERMOSEN
La comisión de Industria y Comercio y Zonas Francas del Senado solicitó ayer al pleno senatorial el descargo y archivo definitivo de la concesión otorgada por el Estado a dos empresas privadas para el usufructo del puerto de Manzanillo.
El contrato había sido firmado por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y las compañías Trans Dominicana de Desarrollo, S.A., y Agente Maritime Mediterrannee.
El presidente Heinz Vieluf Cabrera y demás miembros de la citada comisión fundamentaron el rechazo de la concesión en el hecho de que solicitaron en cinco ocasiones a la APORDOM que dijera si tenía interés en que el contrato fuera conocido, sin obtener respuesta hasta el momento.
La concesión fue sometida al Senado, para su aprobación, el 5 de septiembre del 2001, por el entonces presidente Hipólito Mejía.
Nuestro gobierno tiene un alto interés en promover el tráfico internacional de bienes y servicios, aprovechando la posición geográfica de nuestra nación, a la vez que proyectos de esta naturaleza contribuyen a impulsar las actividades comerciales de regiones social y económicamente deprimidas, por la creación de nuevas fuentes de empleos, expresa la carta anexa del Poder Ejecutivo.
Agrega que el otorgamiento de concesiones de esta naturaleza contribuyen a modernizar los puertos y a impulsar el comercio marítimo internacional.
Por otro lado, el Senado aprobó, en segunda lectura, el proyecto de ley de Competitividad e Innovación Industrial, así como el de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial, ambos sometidos por el Poder Ejecutivo.
Las dos iniciativas son parte de las adaptaciones al marco jurídico nacional para el mejor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), firmado con Estados Unidos y Centroamérica.
Los dos proyectos pasarán ahora a conocimiento de la Cámara de Diputados, donde, si son aprobados sin enmiendas, se convertirán en leyes, sólo pendientes de la promulgación del Poder Ejecutivo.
En su última jornada, el Senado también rechazó un proyecto de ley mediante el cual se crea un Comité Nacional, de carácter consultivo, para elaborar un Plan Decenal de Inversiones para la República Dominicana.
La pieza había sido sometida por el senador Roberto Rodríguez, representante de El Seibo y vocero del bloque del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
En base a un informe desfavorable de la comisión de Justicia, el pleno del Senado también rechazó un proyecto de Código de Comercio, sometido por el senador Andrés Bautista García (PRD-Espaillat).