La Comisión de Veeduría de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), integrada por el consultor Pedro René Almonte Mejía, el rector de la UNPHU, el arquitecto Miguel Fiallo; el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ingeniero Miguel Rosado; el empresario Luis Sánchez Noble, Pedro Pérez González, del Centro Juan XXIII; el ingeniero Migdonio Lorenzo y la doctora Angee Marte, asistente técnico y director legal de la CAASD, respectivamente, destacó que el comportamiento de esa entidad en el cumplimiento de las normas ha permitido elevar la confianza en los procesos de compras y contrataciones públicas y que la ciudadanía participe en la vigilancia y control de la Gestión del Estado.

Al asistir a una reunión convocada por la Comisión de Veeduría de la CAASD, el director de esa corporación, arquitecto Alejandro Montás se reiteró a “la entera disposición” de la misma y dispuesto a colaborar en todo lo necesario para mostrar la transparencia con que se llevan a cabo los diferentes procesos de la institución.

La Comisión de Veeduría de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), integrada por el consultor Pedro René Almonte Mejía, el rector de la UNPHU, el arquitecto Miguel Fiallo; el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ingeniero Miguel Rosado; el empresario Luis Sánchez Noble, Pedro Pérez González, del Centro Juan XXIII; el ingeniero Migdonio Lorenzo y la doctora Angee Marte, asistente técnico y director legal de la CAASD,

La sesión de trabajo de la comisión se llevó a cabo en la rectoría de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

El funcionario explicó que entre los principales temas abordados en la reunión se destacaron la situación actual del Gran Santo Domingo en cuanto al abastecimiento de agua potable y saneamiento, y los proyectos que lleva a cabo la CAASD en La Nueva Barquita, Ciudad Juan Bosch y en la cañada El Arrozal.

El director de la CAASD enfatizó la importancia de la Veeduría, ya que tiene la responsabilidad de fiscalizar y vigilar el cumplimiento normativo y las buenas prácticas de la institución.

Asimismo, Montás sostuvo que estas Veedurías, como escenario de interacción entre el sector público y la sociedad, establecen un acuerdo de responsabilidad compartida para el fortalecimiento de la legitimidad democrática, el respeto por la legalidad, la transparencia y los procesos de rendición de cuentas.