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En siete u ocho de cada diez robos y atracos cometidos en el 2008 hubo involucrados agentes policiales, del Ejército Nacional y de la Marina de Guerra, según denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Estos datos están contenidos en un informe presentado por la CNDH, en el que se establece que durante el 2008, 500 ciudadanos murieron a manos de la Policía Nacional, en el recrudecimiento de los intercambios de disparos.
Por otra parte, el documento revela que las torturas como método para arrancar confesiones a sospechosos, aún se continúan aplicando en el país y que ciudadanos son sometidos a la justicia, luego de haberle sacado confesiones de culpabilidad a base de golpes y aplicación de torturas indescriptibles.
Se calcula que la Policía dio de baja a más de 300 agentes en el 2008 por estar involucrados en crímenes, mientras que el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), general Gilberto Delgado, reveló que más de 5,000 agentes corrieron la misma suerte. Según el documento, la ejecución de siete narcotraficantes en una finca del municipio de Paya, Baní, puso en evidencia la existencia en la Policía de escuadrones de la muerte, tal y como lo relatara Frederik Medina Abud, acusado de participar en la matanza.
El informe indica que muchos policías se han dedicado a inutilizar a los sospechosos de hechos delictivos, disparándoles en las extremidades y torsos para dejarlos lisiados.
La Comisión también señala que el pasado año murieron 38 agentes policiales. La mayoría de ellos estaba cumplimiendo su deber.
Las cárceles. El 95% de los recintos penitenciarios del país no son los mejores lugares para alcanzar las metas que el sistema se ha trazado: que los reos se regeneren.
Esta conclusión se deriva del estudio realizado por la Dirección de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Pública, que precisa que en 30 de las 39 cárceles que hay existe una contaminación de un 93 % y que el 60 por ciento de los 17 mil internos no tienen camas, por lo que duermen en el suelo.
Además que el hacinamiento es de un 150%, que poseen un 60% de insectos y que 17 de 39 cárceles no son fumigadas, que el 40% permanecen sucias y que 53% de ellas carece de espacio físico para la movilización de los reclusos.
El informe califica la actual situación del sistema penitenciario como deplorable, por lo que demandan una respuesta de la Dirección General de Prisiones.
En el ámbito migratorio, indica que la República Dominicana cuenta con una magistrada en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero no se reconoce su autoridad.
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Visita
El secretario ejecutivo y el coordinador general de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pablo Saavedra y Arturo Herrera, respectivamente, visitaron ayer al procurador general de la República, Radhamés Jiménez, para coordinar una sesión extraordinaria en el país. En la sesión sólo se conocerán casos de otras naciones de la región, expresó Saavedra. Explicó que periódicamente realizan estas sesiones fuera de la sede de la CIDH, en San José, Costa Rica, como una manera de acercarse más a los ciudadanos y a los Estados. Igualmente, coordinan jornadas académicas con charlas de los jueces y abogados de la CIDH. El procurador Jiménez y el canciller Carlos Morales Troncoso instruirán equipos de trabajo para facilitar las actividades previstas del 30 de marzo al 3 de abril. Para nosotros es un honor que la Corte pueda sesionar aquí, manifestó Jiménez.
