Hoy 
POR GERMAN MARTE
HIGÜEY.- El vicepresidente de la República y presidente en funciones, Rafael Alburquerque, dijo ayer que el gobierno dispuso «una profunda investigación» sobre las causas del incendio que costó la vida a 134 reclusos y heridas y quemaduras a otros 26 en la cárcel de esta ciudad.
Alburquerque dijo que nombró una comisión integrada por el procurador general Francisco Domínguez Brito, el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, el director del Departamento Nacional de Investigación (DNI) y el gobernador de Higüey.
Alburquerque, que llegó a Higüey en un helicóptero cerca del medio día, dijo que se sentía «consternado». El vicepresidente estaba acompañado del secretario de la Presidencia, Danilo Medina, el procurador Domínguez Brito y el jefe de la Policía, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez.
El vicepresidente informó que se comunicó con el presidente Leonel Fernández, quien está en España, y que el mandatario le pidió que le manifestara su consternación al pueblo higüeyano y que le transmitiera sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Descartó que Fernández interrumpa su viaje para retornar al país. Dijo que el gobierno asumirá todos los gastos para sepultar a las víctimas.
De su lado, el general Pérez Sánchez dijo que mientras se investigan las causas de la tragedia, ordenó el arresto de la dotación policial que tenía a cargo la custodia de la cárcel.
PASTORAL PENITENCIARIA
De su lado el coordinador nacional de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, fray Aristides Richardson Jiménez, declaró que las cárceles dominicanas siguen siendo ergástulas, a pesar del esfuerzo que está haciendo la Procuraduría General de la República.
Lamentó que los recursos que llegan desde la Unión Europea, a través del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) se inviertan únicamente en cárceles modelos. Consideró que el sistema penitenciario dominicano hay que trabajarlo globalmente, no con proyectos en una prisión distante, porque la situación crónica de las cárceles es un problema nacional.
El religioso, quien se trasladó hasta aquí para constatar los hechos, lamentó que el dinero que llegue para modernizar el sistema penitenciario se destine a un solo lugar o a los lugares que elijan los técnicos extranjeros, los que consideró están muy bien pagados por los organismos internacionales.
«Entiendo que las autoridades deben reevaluar la manera de aprobarle el trabajo a los técnicos internacionales que vengan aquí a hacer proyectos muy bonitos y a hacer teorías en materia penitenciaria; pero algunos de esos proyectos ni siquiera en sus países de orígenes se los aceptan y vienen a implementarlos aquí», expresó el religioso, que pidió además una redefinición de la política del PARME en materia penitenciaria.
Dijo que las autoridades deben determinar las causas reales del incendio y cómo introdujeron armas al recinto, y sobre todo investigar al personal que custodiaba la cárcel.
