La investigación relámpago de una Comisión de alto nivel no encontró “pruebas suficientes” para vincular a las autoridades de Baní con el narcotráfico, pero dispuso la cancelación de miembros de la Marina y el traslado de otros.

Pese a no encontrar “pruebas suficientes” que relacionen directamente a las autoridades de la provincia Peravia con el narcotráfico, una comisión investigadora de alto nivel recomendó ayer la cancelación de oficiales de La Marina de Guerra y el traslado de los comandantes de la Base Naval de Las Calderas y de la dotación local de la Policía.

La comisión recomendó también el traslado y puesta en investigación de toda la unidad de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como del personal de los distintos departamentos de la Policía cuya permanencia exceda el tiempo razonable.

De igual manera, informó que tres representantes del Ministerio Público, entre ellos el renunciante procurador fiscal, Víctor Cordero, son pasibles de encarar la acción pública al incurrir en “debilidades” en el tratamiento de casos relacionados con el narcotráfico.

La comisión, integrada por el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Aquino García; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, rindió sus conclusiones en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

La investigación había sido ordenada por el presidente Leonel Fernández a raíz de la denuncia del senador  de esa provincia, Wilton Guerrero, quien involucró a la Policía, a la DNCD y al ministerio público con el narcotráfico.

Tanto Jiménez como el teniente general Aquino García destacaron que antes de conocerse la denuncia del senador Guerrero, tanto la Procuraduría como las Fuerzas Armadas tenían investigaciones en curso por actuaciones del fiscal Cordero, así como de informes que relacionaban a oficiales de la Marina con actividades del narcotráfico.

Jiménez, quien sirvió de vocero en la rueda de prensa, explicó que se recomendó el traslado de los contralmirantes Juan Víctor Sosa Ruiz y Gustavo Rojas de Beras, comandante y subcomandante de la Base Naval de Las Calderas, así como del comandante de la Policía, general Hilario González González como una medida “rutinaria”.

En el caso del comandante de la Policía, Jiménez dijo que contrario a la denuncia del senador Guerrero, “no se pudo establecer ninguna actuación o conducta impropia” de este alto oficial y que los distintos sectores de Baní que fueron consultados “rechazaron ampliamente” las acusaciones en su contra.

En el caso de los comandantes de la Marina en Las Calderas, la comisión tomó en cuenta las versiones de residentes locales que dieron cuenta de que pescadores de la zona se lanzan a la mar en actividades del narcotráfico y que esa institución no estaba cumpliendo con las necesarias medidas de vigilancia y control costero.

En este orden, la comisión recomendó a la jefatura de la Marina de Guerra disponer el incremento de la labor de vigilancia y patrullaje en toda esta zona costera.

Serán puestos a disposición de la acción pública  el fiscal adjunto Máspero Atuey Santana y la fiscalizadora Esther González, dijo Jiménez

Agregó que los oficiales antinarcóticos de puesto en Baní serán trasladados e investigados “por la sospecha de la comunidad acerca del involucramiento de los anteriores encargados de las secciones de Drogas y sus agentes en el encubrimiento de actividades del narcotráfico”. El informe recomienda la creación de una división de Asuntos Internos en las Fuerzas Armadas.

Antecedentes

El senador Guerrero involucró a las autoridades banilejas  con el narcotráfico al conocerse de la muerte de seis extranjeros y un dominicano en un caso que las autoridades relacionan con el tráfico de estupefacientes.

Se preguntó a los integrantes de la comisión si se pudo establecer alguna relación entre las autoridades banilejas investigadas con el grupo de supuestos narcotraficantes que fueron ultimados por desconocidos, pero Jiménez aclaró que no hubo indicios ni pruebas que llevara a los investigadoras a establecer algún vínculo. El informe da cuenta de la cancelación del capitán de fragata Miguel Peña, subdirector de la Base Naval 27 de Febrero, acusado de complicidad con el también oficial Guzmán Pérez.