La comisión que investigó la licitación y adjudicación de las plantas de carbón de Punta Catalina estableció que esa obra no está sobrevalorada y que durante el proceso no se violaron las leyes. Tampoco encontró indicios de pago de sobornos.
Aseguró que fueron evaluadas de forma consistentes todas las propuestas para construir las plantas.
Indicó que, de acuerdo a plantas similares, el precio de US$2,040 millones se encuentra en un rango razonable y que incluso la consultora FTI arrojó que Punta Catalina “tiene un costo menor de aproximadamente un 6% que el promedio de nuestra muestra utilizada basada en otras plantas similares en Latinoamérica”.
En cuanto al pago de sobornos, la comisión puntualizó que como la Procuraduría General de la República mencionó en la acusación a 14 implicados que para Punta Catalina se cometió este ilícito a nivel del Congreso, se deben profundizar las investigaciones en ese ámbito, ya que a nivel de la licitación y adjudicación no encontraron indicios.
Estas conclusiones constan en el informe de 285 páginas presentado ayer luego de seis meses de trabajo de la comisión designada mediante el decreto 6-17 del Poder Ejecutivo, que ordenó la investigación a raíz del escándalo de los 92 millones que la constructora Odebrecht afirmó que pagó en sobornos para obtener obras en el país entre los años 2001-2014.
El Consorcio Odebrecht-Technimont-Estrella construye las dos plantas en la provincia Peravia con capacidad de 720 megavatios, obras que están avanzadas en un 77%.
Competidor virtual. La comisión comprobó que las evaluaciones de las ofertas económicas partieron de un modelo de evaluación económica elaborado por técnicos de la CDEEE que permite comparar el precio nivelado de energía de cada uno de los participantes que aprobaran la evaluación técnica.
Asimismo determinó que dado que solo una de las ofertas técnicas había sobrepasado la puntuación mínima de 40 puntos que había sido establecida, si aplicaban el modelo de evaluación tal y como les había sido entregado, habrían tenido que asignar una puntuación de 50 puntos al único participante que aprobó la evaluación técnica.
“Frente al escenario que se encontraron, las firmas y entidades evaluadoras consideraron que era conveniente la introducción de un “competidor virtual” que permitiese comparar el precio nivelado de energía del único participante que aprobó la evaluación técnica”, indica el informe.
Para realizar la comparación se escogió una planta de carbón convencional en los Estados Unidos sobre la base de que las características, los equipos y estándares eran similares a los de Punta Catalina.
“La Comisión verificó que los resultados de las tres evaluaciones realizadas oscilaron entre 44 y 50 puntos (de un máximo de 50 puntos), debido al uso de supuestos y tasas de descuento diferentes”, apunta.
En este punto la firma FTI concluyó que la licitación siguió las leyes locales y las propuestas presentadas de todos los participantes se evaluaron de manera consistente. Indicó que el diseño de evaluación que se utilizó para calificar las propuestas técnicas es uno de los sistemas utilizados internacionalmente para calificar dichas propuestas.
Sin embargo, consideró que aunque no era un requisito, “el comité de licitación podía haber otorgado la posibilidad a los otros licitadores de revaluar sus propuestas técnicas de manera de no concluir con un solo licitador para ser considerado para la evaluación de la oferta económica.”
Stanley dominante. La comisión considera que el Comité de Licitación de la CDEEE debió tener un mayor control del proceso y lograr un mejor equilibrio técnico entre el comité y la empresa Stantley Consultants, si se hubiese incluido en el comité un representante de la Superintendencia de Electricidad y de la Comisión de Energía. “En este proceso la participación de Stanley Consultants pareció dominante. Es recomendable para el futuro que la mayoría de los miembros de un Comité de Licitación no trabaje en la empresa licitante, pues así se lograría una mayor capacidad de supervisión y cuestionamiento a las acciones de la dirección”.
Ambiental. En cuanto a la parte ambiental del proyecto, la comisión refirió que la evaluación de impacto realizada por Golder Associates concluyó que el depósito de 100 hectáreas para las cenizas es suficientemente grande para esos residuos y que es improbable alguna falla que afecte las aguas de los arroyos Naranjo y Catalina. Igualmente que el polvo que emanará tendrá un impacto bajo.
Razones para seguir. Los comisionados destacan que la entrada de Punta Catalina aportará la capacidad para sostener el equilibrio de la demanda de energía y su demora de un año significaría una pérdida para el país de USD300 millones, por lo cual recomiendan la terminación de la obra.
Sobre la posibilidad de cambiar al contratista, indicaron que las demás empresas del consorcio, Technimont y Estrella, manifestaron que no pueden concluir solas, por lo que el Gobierno tendría que iniciar otra licitación para buscar otra, para lo cual debe tomar en consideración una serie de razones técnicas y económicas.

La comisión la integraron Agripino Núnez, Jorge Alberto Reynoso, Pedro Brache, José Luis Corripio, Gabriel Del Río, Servio Tulio Castaños, Persio Maldonado, Jaime Aristy, Celso Marranzini y César Sánchez (renunciante).