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El presidente de la comisión del Senado que estudia el proyecto de Ley de Regulación Salarial en la Administración Pública, José María Sosa Vásquez, reveló ayer que los comisionados están recibiendo presiones asfixiantes de las instituciones del Estado que reclaman que se les excluya del efecto de esa legislación.
Sosa Vásquez (PLD-San Pedro de Macorís) citó entre las entidades que presionan para no ser afectadas por la ley salarial a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Banco Central, la Cámara de Cuentas y la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Hay tapón. Dijo que en estos momentos hay un tapón en la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, porque sus integrantes no han podido ponerse de acuerdo sobre cuál debe ser el salario del presidente de la República.
Explicó que el sueldo del jefe del Estado será tomado como referencia para fijar el de los demás altos funcionarios públicos, los cuales, significó, devengarán ingresos mensuales por debajo del fijado al gobernante.
Consenso. El congresista dijo que se ha logrado consenso sobre el monto de los viáticos y dietas y de los pagos de celulares y combustibles.
Sosa Vásquez admitió que existe un marcado interés en que este proyecto sea convertido en ley antes del próximo 16 de agosto, cuando se instalará el gobierno presidido por el licenciado Danilo Medina.
En declaraciones recientes, el senador Adriano Sánchez Roa (PLD-Elías Piña) dijo que el monto del sueldo del presidente de la República sería de RD$400 mil, aunque otros entienden que debe ser superior.
La pieza legislativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y cursa en el Senado, donde se le introducirían cambios importantes, entre los que figuran topes salariales por categorías.
La comisión que lo estudia, presidida por el senador Sosa Vásquez, hace esfuerzos para concluir su estudio en breve tiempo y rendir el informe final al pleno senatorial.
En una sesión de vistas públicas celebrada el jueves de la semana pasada, los representantes del Banco Central y de la DGII plantearon que se les excluya de los efectos de la legislación, en razón de que sus leyes orgánicas les otorgan autonomía económica y administrativa.
Particularmente, el Banco Central dijo que esas disposiciones están incluidas en la Constitución.
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Choque
Los reclamos de las instituciones que procuran se les excluya del proyecto de Ley sobre Regulación Salarial de la Administración Pública entran en contradicción con el artículo uno de la pieza, según el cual, La presente ley constituye el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano. La legislación procura, agrega, una remuneración equitativa para estimular a los servidores públicos.
