Crisania Soriano, la mujer que denunció que era utilizada por miembros de la Policía y de la Dirección Nacional de Drogas (DNCD) para vender estupefacientes, en Hato Mayor, fue interrogada ayer por una comisión de Asuntos Internos de ambas instituciones y la Procuraduría General de la República.

El procurador general, Francisco Domínguez Brito, afirmó que la denuncia de pago de peaje a las autoridades hecha por Soriano, es parte de otras parecidas que son las que más daños hacen en el país.

“El caso está aquí porque queremos identificar la verdad o no de lo ocurrido, y de comprobarse la verdad, establecer las sanciones penales como pretendemos hacer en el caso Dican”, manifestó.