JERUSALEN (AFP).- El primer ministro israelí, Ehud Olmert, anunció ayer, lunes, la creación de una comisión de investigación pública para aclarar los errores de la guerra en Líbano, en lugar de una comisión estatal con mayores poderes. Olmert admitió por primera vez sin ambages que hubo «errores» en la guerra en Líbano al tiempo que estimó que el balance del conflicto es en general positivo para Israel.

«No estábamos preparados como deberíamos haberlo estado. No siempre obtuvimos los resultados esperados. Hubo fallos, incluso fracasos. Aunque el balance general sea positivo, no debemos enmascarar esos fallos», declaró Olmert durante una reunión de alcaldes en Haifa, en el norte de Israel.

Olmert reiteró su llamado de atención sobre la amenaza que representa Irán y su presidente, al que calificó como un «enemigo que odia a Israel», afirmando que Israel debía lo antes posible aprender la lección de esta guerra.

«El gobierno que presido va a nombrar una comisión, presidida por Nahum Admoni, ex jefe del Mosad (agencia de inteligencia israelí), quien estará encargado de examinar la conducta del gobierno» durante la guerra, indicó Olmert.

La comisión, que incluirá además un general de reserva y dos profesores universitarios, «examinará la conducta del gobierno durante la guerra y cualquier otro aspecto que juzgue necesario».

Por otro lado, Olmert anunció que dicha comisión estará encargada de examinar el comportamiento de la defensa civil durante el conflicto, mientras que el ejército haría su propia investigación sobre el desarrollo de la guerra. «Una comisión de Estado no es lo que necesitamos porque la dirección política y militar se paralizaría durante mucho tiempo» si debiera rendir cuentas ante dicha instancia, agregó el jefe de gobierno.

Señaló que «la guerra no está del todo terminada y las amenazas pueden volver». En los últimos días, Olmert procedió a intensas consultas acerca de la naturaleza jurídica y las implicaciones de una comisión encargada de investigar los fallos de la campaña contra el Hezbolá.

Una comisión estatal es más creíble, pues sus miembros son nombrados por el presidente de la Corte suprema, lo que garantiza su independencia. Habilitada para citar a testigos y ordenar allanamientos, actúa como un tribunal y sus recomendaciones son vinculantes.